La convocatoria de elecciones que dio a Pedro Sánchez 123 diputados con los que todavía no ha conseguido volver a formar un Gobierno dejó muchos proyectos de la pasada legislatura a medias. Uno de ellos es la obligatoriedad de que todos los estudiantes que realicen prácticas, sean remuneradas o no, estén dados de alta en la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo estimó en su día que la medida afectaría a 540.000 alumnos en toda España, desde las universidades hasta la FP; aunque de momento estos apuran sus últimos días de vacaciones antes de empezar el nuevo curso sin saber si cotizarán este año o no por sus prácticas.
"Mantuvimos contactos con el Gobierno para ver cómo implementábamos la medida hasta el último momento de la legislatura, pero la convocatoria de elecciones ha paralizado las conversaciones y seguimos a la espera de que el Gobierno deje de estar en funciones", explican fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El Ejecutivo de Sánchez aprobó esta reforma en el último Consejo de Ministros del 2018, sin previa consulta a la comunidad educativa y sin el despliegue normativo que provoca que a día de hoy no esté claro como se articulará. "Somos los primeros interesados en aclarar el tema", añaden.
Una de las incógnitas que dejó abierta la propuesta del Gobierno era quién debía hacerse cargo del pago de 51 euros mensuales de media de cotización por alumno, según cálculos de Trabajo. ¿La empresa donde el estudiante realiza las prácticas? ¿El centro educativo de donde viene? ¿El alumno, mediante un pago extra? Desde Avalot, la sección juvenil de la UGT de Cataluña, lo tienen claro: deben ser las empresas. Así lo han manifestado este lunes en una acción reivindicativa este lunes en la Plaza Real de Barcelona, especialmente en el caso de las prácticas curriculares (habitualmente obligatorias). "Los alumnos ya pagan por su matrícula para poder hacer esas prácticas. ¡Es la explotación máxima!", ha declarado la portavoz de Avalot, Elena Ferrero.
FALSOS BECARIOS
Ferrero ha manifestado que dicha medida sería clave, entre otros, para combatir el fenómeno de los "falsos becarios". Es decir, estudiantes en prácticas que están ocupando una plaza estructural que debiera ocupar un trabajador asalariado. Con el menor coste económico para la empresa, tanto a nivel de salario como de cotizaciones a la Seguridad Social que ello comporta.
"El alumno en prácticas colaborará directamente con la dirección general. Sus tareas serán de suma importancia para el funcionamiento de la organización", reza una oferta de "prácticas" de marketing en Barcelona, recogida por UGT. Esta se remunera con una "ayuda al estudio" de entre 300 y 500 euros "según perfil". "Horario de lunes a viernes de 8 a 16 con una hora para comer y un sábado", ofrece otra en un fondo documental.
UGT propone dos mecanismos complementarios a la cotización obligatoria. Por un lado, la creación de un registro de becarios donde las empresas tengan la obligación de inscribir a sus 'aprendices'. Actualmente no existe una estadística detallada y accesible y todo se reduce a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo. Y la otra medida que exige UGT es que la dirección de las empresas informe periódicamente a la representación legal de los trabajadores de la incorporación de becarios, para que así el comité de empresa contribuya a controlar que los becarios no están asumiendo roles que no les corresponden.
