La mayor parte de las ayudas públicas previstas para bonificar a las empresas que formen a sus trabajadores han quedado sin utilizar este año. El Ministerio de Trabajo prevé que la nueva Forcem acabe el 2004 con un gasto máximo de unos 250 millones de euros en bonificaciones directas a la Seguridad Social, según informó a los sindicatos CCOO y UGT y a las patronales CEOE y CEPYME en una reunión celebrada el pasado día 4.
El anterior Gobierno del Partido Popular puso a disposición de las empresas 701,4 millones de euros en descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social por ofrecer cursos de reciclaje para sus empleados.
El Ministerio de Trabajo estudia qué hacer con el excedente, según varias fuentes consultadas. El problema estará sobre la mesa de la reunión que mantendrán el próximo miércoles responsables del ministerio con los directores de empleo de las comunidades autónomas.
TRASPASO AUTONOMICO Una de las posibilidades es aumentar la transferencia de recursos económicos gestionados por las comunidades, que ya han recibido 135 millones de euros aprobados por el Ejecutivo en septiembre a la vista del escaso uso de los fondos. Las autonomías tienen en marcha convocatorias públicas para adjudicar esas ayudas de formación.
La decisión supuso recurrir al esquema del viejo sistema, basado en las asignaciones de subvención, aunque con gestión territorial en lugar de descuentos en las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social.
Otra posibilidad es incrementar la financiación de cursos sectoriales organizados por los sindicatos y las patronales. Una parte de los fondos sin usar se transferirán al presupuesto de formación continua del 2005, según las mismas fuentes. El Ministerio de Trabajo sólo indicó que se trata de datos provisionales y no cerrados que posiblemente variarán hasta final de año.
La nueva Forcem fue la respuesta del entonces ministro Eduardo Zaplana a las reclamaciones de transferencia de fondos de Cataluña y Galicia, con el aval de varias sentencias del Tribunal Constitucional. El gabinete de Zaplana estimó que más de dos millones de trabajadores en activo podrían recibir formación gracias a un sistema que "ofrece a las empresas seguridad jurídica y transparencia sobre las ayudas públicas". La orden de Zaplana sostenía que "la menor burocracia y la mayor sencillez del nuevo modelo serán instrumentos fundamentales para que las ayudas de formación continua se extiendan al mayor número de empresas".
Se pretendía acabar con la desigualdad que supone que el 74% de las empresas de más de 1.000 trabajadores ofrezcan formación frente al 5% de las que tienen hasta cinco empleados. La realidad ha sido diferente. "Es un sistema demasiado complejo que sólo beneficia a las grandes empresas, con lo que las pequeñas y medianas quedan excluidas", explicó un dirigente sindical que llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la formación continua.
Las compañías con un máximo de cinco empleados disponen de un crédito de formación de 350 euros. Las bonificaciones oscilan entre el 90% para las empresas de un máximo de nueve trabajadores y el 42,5% para las que tienen una plantilla superior a los 250 empleados.
