El Gobierno todavía no tiene una fecha fija para la derogación de uno de los retales más "urgentes" de la reforma laboral del PP: el despido por bajas médicas intermitentes. La supresión de este mecanismo, que el Tribunal Constitucional propulsó a la primera línea mediática al avalarlo en una sentencia el pasado octubre, era un asunto prioritario para el nuevo Ejecutivo. Aunque para eliminarlo se ha encontrado con "trabas burocráticas" que el equipo de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no contemplaba de un inicio. Es por ello que su pase por el Consejo de Ministros ha sido pospuesto hasta en dos ocasiones, aunque fuentes de Trabajo señalan que tienen previsto llevarlo "seguramente" al del martes 18 de febrero.

Pese a no ser una práctica generalizada, el despido por bajas médicas sí ha sido durante estos últimos años un mecanismo empleado por las empresas en determinados sectores, como el de los centros de atención telefónica. Casos acreditados en compañías como Atento, Konecta o Unisono dan fe de ello. Y, como una de las magistradas del Tribunal Constitucional destacó en su voto particular en la sentencia que avaló dicho mecanismo, afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres.

MST Holdings es otra de las compañías en las que ha trascendido casos de despidos por bajas médicas. Fuentes sindicales consultadas afirman tener constancia de al menos dos ceses en aplicación del artículo 52-D desde el mes de diciembre en su centro de Barcelona. A los que se suman un total de 10 personas más que fueron despedidas mientras estaban de baja y con baja médica acreditada. EL PERIÓDICO ha contactado con MST Holdings para este reportaje y la empresa ha rechazado realizar declaraciones.

"NO TUVIERON EL VALOR DE DECIR QUE ME ECHABAN POR ESTAR ENFERMA"

Es el caso de Lidia Ramos, que se enteró el pasado 29 de enero a través del SMS que envía automáticamente la Seguridad Social de que MST le había rescindido el contrato. Esta mujer de 38 años cumplía su segunda semana de baja por depresión crónica cuando se le notificó el despido. "Luego me argumentaron bajo rendimiento, pero lo que más me indigna es que no tuvieran el valor de decirme que me echaban por ponerme enferma", cuenta.

Lidia se encargaba de realizar atención telefónica para asesorar a clientes de diversas entidades bancarias. Trabajaba una media de entre 30 y 35 horas semanales, por las que percibía un sueldo de 860 euros al mes. "Al menos pagaban al día", explica con sorna. Lidia describe las dinámicas de la oficina como muy estresantes, con una alta carga de trabajo y muy poca formación para resolver los problemas que le trasladaban los clientes. El espacio desde donde operaban no contribuía a mejorarlas; pues Lidia describe su puesto de trabajo como un espacio sin ventanas y con una pobre ventilación. "Lo llamábamos el zulo", afirma.

El estrés que a Lidia le generaba dicha situación fue en aumento, hasta que "un día no me pude levantar de la cama”, cuenta. "No podía seguir entre esas cuatro paredes", añade. Su médico de cabecera le concedió la baja médica, dada su depresión crónica, el pasado 15 de enero y, dos semanas después, el 29 de enero, recibió un mensaje en su teléfono móvil conforme la tesorería de la Seguridad Social había tramitado su baja como cotizante. El mismo día, según fuentes consultadas, fueron despedidas otras cuatro personas.

Una vez se puso en contacto con la compañía, esta alegó "bajo rendimiento" para justificar un despido disciplinario. Actualmente Lidia ha demandado a la compañía para exigir que se le reconozca que su despido fue improcedente y el próximo 11 de marzo tiene fechada una mediación para iniciar el periplo judicial.