El Gobierno aplicará este año un recorte del gasto del Estado de 2.000 millones de euros con el fin de contribuir a la reducción del déficit público y evitar el procedimiento sancionador con el que amenaza la Comisión Europea. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta medida inesperada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha explicado que aunque la Recomendación Autónoma de la CE apuntaba a las autonomías como objeto del ajuste necesario, "el Gobierno da un primer paso".
Con este ajuste de 2.000 millones el Gobierno central pretende dar ejemplo a los responsables autonómicos, con los que se reune en la tarde de este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Buena parte de ellos -incluida la Generalitat de Catalunya- han avanzado que desobedecerán la exigencia de Montoro de acometer nuevos ajuestes esta año. Con la decisión del Consejo de Ministros, el Gobierno se adelanta y busca dar ejemplo.
Según el acuerdo del Consejo de Ministros, el recorte del gasto del Estado no afectará a partidas sociales como pensiones o prestación por desempleo. Tampoco se recortarán las becas ni las transferencias al ADIF para gastos de mantenimiento. Un total de 950 millones se recortarán de la partida de activos financieros de los ministerios de Economía, Industria y Fomento. El resto del ajuste se acometerá deforma proporcional entre los ministerios en el resto de partidas.
DESVÍO DEL DÉFICIT
La necesidad de ajustes en las distintos niveles de la administración pública deriva del incumplimiento del objetivo de déficit en el 2015, año en el que se situó en el 5% del PIB, frente a un objetivo del 4,2%. La fuerte desviación ha activado el envío a España de una "recomendación autónoma" por parte de la Comisión Europea en la que se exigen medidas correctoras a riesgo de iniciar un procedimiento sancionador.
Las principales desviaciones se concentraron en el ámbito de lascomunidades autónomas (déficit del 1,7% frente a un objetivo del 0,7%) y de la Seguridad Social (1,26% frente a un objetivo del 0,6%). Las corporaciones locales compensaron parcialmente esta desviación con un superávit equivalente al 0,4% del PIB. Laadministración central también mejoró su objetivo, con un déficit del 2,5% del PIB, dos décimas por debajo del objetivo previo.
REBAJA FISCAL DE 6.000 MILLONES
Pese al cumplimiento del objetivo de déficit, el Estado no cumplió la regla de gasto (ni ninguna administración), según ha reconocido el ministro y eso es lo que, según ha explicado, justifica el recorte anunciado de 2.000 millones.
El incumplimiento de la regla de gasto en el Estado se deriva de la doble reforma fiscal adoptada por el Gobierno en el 2015 y que restó 6.000 millones de ingresos a la recaudación total (6 décimas de PIB). La regla de gasto impone que toda rebaja fiscal debe ir acompañada de un recorte similar del gasto, algo que el Gobierno no cumplió en el 2015.
