El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha expresado este miércoles su "asombro" por el anuncio de la Generalitat de Cataluña de que cerrará 2012 con un déficit del 2,3%, ya que esa cifra no coincide con los datos que tiene el Estado, por lo que ha anunciado que se "clarificarán en extremo" las cuentas catalanas.

Durante su intervención ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha hecho referencia al anuncio del consejero de Economía y Conocimiento catalán, Andreu Mas-Colell, de que el déficit alcanzó los 4.503 millones de euros en 2012, el 2,3% del PIB, frente al 1,5% que exigía el Gobierno.

"Quiero mostrar mi asombro porque esos datos no se corresponden ni con la contabilidad nacional del Estado para el tercer trimestre del año ni con la ejecución presupuestaria de noviembre ni tampoco con las operaciones de privatización computables como ingresos corrientes de la Generalitat", ha afirmado.

En cualquier caso, incluso con esa desviación, Montoro ha asegurado que España estará "en los objetivos definidos por la UE" del 6,3% al cierre de 2012. "Todavía queda tiempo, queda cerrar la contabilidad de la Administración General del Estado, y en las comunidades autónomas y las haciendas locales también tendremos, espero, un buen resultado. Y vamos otra vez a ser récord mundial: no habrá país que haya bajado su déficit público tanto en un momento de recesión económica", ha proclamado.

"Algo ha ocurrido en diciembre"

Pese a ello, el ministro ha anunciado que se "clarificará al extremo toda esa contabilidad para que no haya sorpresas", sobre todo dado que Cataluña seguirá acogida al Fondo de Liquidez Autonómica, porque la única explicación posible para esta divergencia es que "en diciembre ha ocurrido algo". "Es evidente", ha apostillado.

De hecho, para Montoro los argumentos "victimistas" de la Generalitat, que achacan al Gobierno de España incumplimientos en la transferencia en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut no se sostienen, porque esa partida no está dotada ni en los Presupuestos de 2012 ni en los de 2013, por lo que "esos recursos estaban cuando la Generalitat asumió el compromiso de cumplir con el 1,5% de objetivo de déficit para 2012". "Es evidente que obedece a otra causa", ha reiterado.

Y "lo que ha fallado", a su juicio, es que "algo tenían pendiente", aunque no ha precisado más sus insinuaciones. "Pero esa política del 'algo pendiente" se tiene que acabar en toda la geografía española. La operación de proveedores fue un gran avance para acabar con ello, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) también y no queda mucho para acabar con ello", ha añadido.

Para Montoro, éste es un paso fundamental para que "España sea el país fiable y con un estado de las autonomías gobernables" al que debe aspirar para que "los mercados vuelvan a confiar" en nuestra economía. "Otro tipo de operaciones, que son lamentables, no deben distraer nuestra atención y nuestra voluntad de servir a los españoles, que esperan de nosotros que dediquemos toda nuestra energía a la recuperación económica y la creación de empleo cuanto antes", ha zanjado.

Que haya consecuencias

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha criticado sin embargo que Montoro aporte esta información "como si fuera un tertuliano de la radio en vez del ministro" y ha exigido al Gobierno "actuaciones a la vista tan importante del déficit y al amparo que le da la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

Por su parte, el diputado de CiU Antoni Picó ha subrayado el "esfuerzo sostenido y comprometido con la consolidación fiscal" que está haciendo la Generalitat de Cataluña, donde en dos años "los gastos se han reducido un 15%". "Dígame si eso también lo ha hecho el Estado", ha reclamado.

Además, ha calificado de "poco leal" al Gobierno a la hora de repartir el objetivo de déficit acordado con la UE, que es más exigente para las comunidades autónomas que para el Estado, y que tampoco haya repartido los más de 41.000 millones de euros adicionales que ingresará el Estado como consecuencia de las subidas impositivas del último año. "Y si la disposición adicional tercera no está dotada es porque ustedes no la dotaron pese a ser un derecho reconocido por la Generalitat y por el Estado", ha zanjado, cifrando la cantidad total acumulada en 900 millones.