Después de días de cavilaciones, el presidente boliviano, Evo Morales, se ha visto obligado a relevar al principal ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), la empresa estatal encargada de controlar toda la cadena de producción y comercialización de gas y crudo desde la nacionalización.

El hasta ahora presidente de YPFB, Jorge Alvarado, ha tenido que abandonar su cargo acusado de violar el decreto de nacionalización, al firmar un contrato con la intermediaria Iberoamérica Trading SRL para exportar petróleo más barato a Brasil.

Los denunciantes han explicado que Alvarado, con esta operación, pasó por alto el monopolio de YPFB y le causó al Estado pérdidas del orden de 38 millones de dólares (casi 30 millones de euros). La fiscalía de La Paz ha abierto una investigación. Con estos datos estalló la crisis, y Morales se ha visto obligado a desplazar a un amigo.

DESPEDIDA En su carta de despedida, Alvarado ha expresado que abandona la responsabilidad para "evitar que se siga haciendo daño al gran ideal de cambio en el país". Tras declararse inocente, denunció, a su vez, la "arremetida de las fuerzas oligárquicas y de la derecha reaccionaria" contra el proceso de nacionalización. Al aceptar su renuncia, Morales recalcó que el Estado boliviano no se vio perjudicado por la actuación del presidente saliente de YPFB. "Si no hubo daño, no hubo corrupción", señaló.

Aunque calificó a Alvarado de "compañero incorruptible", el jefe de Estado reconoció que "somos nuevos" en el manejo de la gestión pública y "podemos cometer irregularidades". Sin embargo, agregó, estas nunca serán "mal intencionadas".

En otro foco de conflicto, al Gobierno de Morales no le ha sentado nada bien que Repsol YPF anunciara que podría recurrir a los tribunales para defender lo que calificó de "injustificada persecución", tras el registro de su filial Andina y la detención de un directivo. "El Gobierno no va a aceptar estas bravuconadas", afirmó el lunes por la noche el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, quien advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a la justicia internacional para demandar a las empresas petroleras extranjeras por los años en que "saquearon" el país. El fiscal Jaime Soliz aclaró que la investigación sobre Andina se dirige contra esa empresa, y no contra Repsol.

CORTE DE SUMINISTRO Mientras, la petrolera boliviana Transredes cortó el lunes por la noche el suministro de gas natural hacia Argentina por la presión de manifestantes en la frontera. Demandan el incremento del monto autorizado de importación diaria, que la Administración de Buenos Aires ha rechazado.