El Gobierno lleva más de un año de retraso en la adaptación de la directiva comunitaria que obliga a limitar a 30 días los aplazamientos de pagos entre empresas en toda Europa y a aplicar a partir de ahí intereses de demora equivalentes a siete puntos más que el tipo de interés interbancario (en torno al 10%). Sólo Grecia y Luxemburgo están en la misma situación.

El texto que previsiblemente se aprobará en comisión parlamentaria a mediados de noviembre establece que los plazos estarán supeditados a lo que pacten las partes en función de los usos y costumbres del país. Eso supone consagrar lo que ya ocurre: la media española de plazos de pago entre las empresas supera los 70 días y llega a 221 días en la construcción. Ante estas circunstancias, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) ha amenazado al Gobierno con interponer una demanda ante el tribunal de justicia de la UE si no se aprueban sus propuestas sobre la ley.

Bruselas ya abrió un procedimiento contra el Gobierno español en septiembre del 2002 por contravenir esta directiva a requerimiento de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). El plazo para trasladar esta norma a las legislaciones nacionales venció el 8 de agosto del 2002, dos años después de que se aprobara la directiva. La Comisión Europea ha llamado la atención al Gobierno español porque está entre los países comunitarios en los que el plazo de pago supera los 60 días.

DENUNCIA

España destaca también porque, en el 65% de los casos, se trata de diferimiento de pagos impuesto por la empresa deudora. La media en la UE es del 35%. La FIAB, como la Cepco, está dispuesta a denunciar esta ley ante la Comisión Europea una vez aprobada en el Congreso porque vuelve a supeditar los plazos de pago a un acuerdo entre partes, lo que supone imposición por parte de las grandes empresas. "Las grandes compañías presionan al Gobierno para que no lleve a efecto la transposición de la directiva" --dice Luis Rodulfo, director general de Cepco-- "porque el mantenimiento de los actuales plazos de pago, que superan los 210 días en la construcción, sólo beneficia a quienes pueden obtener grandes márgenes financieros a costa de sus proveedores".

EFECTO INFLACIONISTA

Según Rodulfo, los 8.150 millones de euros (1,35 billones de pesetas) que las constructoras deben a sus empresas auxiliares, más la deuda de las grandes distribuidoras de alimentación con sus proveedores, están produciendo un efecto inflacionista. Un aplazamiento de pago, que en el caso de la Administración central llega a 90 días y en administraciones autonómicas y locales a 120 días, provoca cargas financieras del 2,5% para sus proveedores que deben descontar estas deudas en los bancos.

El hecho de que las pymes no cobren en un plazo razonable provoca un problema de competitividad frente a compañías extranjeras, asegura Rodulfo. Estas empresas tienen más difícil obtener crédito. Según un informe de la UE, la morosidad provoca el 25% de las quiebras de las pymes y 450.000 despidos anuales.

Precisamente en relación al proyecto de ley sobre morosidad, CiU aspira a introducir enmiendas para reducir sustancialmente el tipo de interés por descubierto en la tarjeta de crédito.