Los franceses ocuparon ayer la calle de forma masiva para protestar contra la reforma del sistema de pensiones. La movilización de los ciudadanos --según los sindicatos, entre 2,5 y 3 millones, y según el Ministerio de Interior, 1,1 millones-- logró su objetivo de mantener el pulso con el Gobierno de Nicolas Sarkozy, hasta ahora inflexible sobre la decisión de prolongar de los 60 a los 62 años la edad legal de la jubilación.
Como en otras ocasiones, la jornada de huelga fue seguida principalmente en el transporte --afectó al 30% de las conexiones aéreas y por ferrocarril con España-- y la función pública, pero apenas tuvo repercusión en el sector privado. Por ese motivo, los sindicatos pusieron el acento en mostrar su fuerza con la afluencia de las manifestaciones, que se desarrollaron mientras el ministro de Trabajo, Eric Woerth, defendía la reforma en el Parlamento, en un ambiente eléctrico.
MINISTRO DEBILITADO Pese al esfuerzo pedagógico realizado por Woerth --que insistió en que la medida era necesaria para preservar el sistema de pensiones---, la credibilidad del ministro está bajo mínimos. Cada día que pasa surgen nuevas dudas sobre su implicación en el escándalo político financiero conocido ya como caso Woerth- Bettencourt. Ante la amplitud que ha tomado, los sindicatos han solicitado otro interlocutor para negociar la reforma, que deberá votarse en el Parlamento dentro de 8 días.
Durante este periodo, el Gobierno está dispuesto a negociar aspectos de la reforma, como la definición de las "profesiones penosas" que, en base a un desgaste físico, que reduce su expectativa de vida, mantendrían la jubilación a los 60.
Mientras el Ejecutivo considera que la excepción debe aplicarse a los mineros y a los peones de la construcción, los agentes sociales creen que debe extenderse a otras profesiones. Si Sarkozy no cede, los sindicatos anuncian un otoño sembrado de protestas.
