Los entes locales y las comunidades autónomas han solicitado al Estado un total de 5.463,4 millones de euros con objeto de poder pagar deudas pendientes con proveedores destinados a conciertos sanitarios, así como educativos, de servicios sociales, transferencias a oenegés, y entidades del tercer sector y contratas de universidades. Estos son los datos que el ministerio de Hacienda recopiló hasta el pasado 18 de julio, cuando acababa el plazo para solicitar las cantidades para liquidar deudas del primer tramo de este plan de proveedores.

A partir de ayer, los contratistas pueden consultar si están incluidos dentro del nuevo plan cuyo objetivo es erradicar la morosidad pública. En el supuesto de que no estén incluidos deberán solicitar un certificado individual para poder beneficiarse del mismo. Por primera vez, además, los subcontratistas y el resto de acreedores de los proveedores con facturas pendientes de estos podrán conocer si sus deudores van a cobran y en qué momento. Para ello, sólo tienen que acceder, a través de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con su certificado electrónico, e introducir su número de identificación fiscal (NIF) y el del contratista con el que exista una relación declarada.

DE CADA 100 AUTONOMOS El objetivo final de la medida es poner el contador a cero para que todas las administraciones paguen en un plazo máximo de 30 días, tal como establece una normativa adaptada en febrero pasado a una directiva comunitaria.

Una vez realizadas las comprobaciones por parte del Ministerio de Hacienda, se han acogido a este primer tramo previsto en el Real Decreto-ley 8/2013 un total de 3.843 entidades locales que han remitido deudas por un importe total de 1.955,4 millones de euros correspondientes a 424.181 facturas y 52.028 proveedores. En total, 33 de cada 100 proveedores pendientes de cobro son autónomos, 65 son pymes y tan solo un 1% son grandes empresas.

Por su parte, las autonomías han presentado 181.211 facturas por un importe total de 3.507,9 millones. El volumen más importante corresponde a los conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, con 1.818 millones pendientes, seguido por los convenios de colaboración, con 1.354 millones de euros y los proveedores de universidades, 226,9 millones de euros. Las subvenciones a centros tecnológicos y a oenegés e instituciones sin ánimo de lucro ascienden a 29 y 79 millones de euros, respectivamente.

Una de las novedades del presente plan que, en su conjunto requerirá unos 19.350 millones de euros y engloba los pagos pendientes hasta el pasado 31 de mayo, es la inclusión de facturas de proveedores de universidades o transferencias a instituciones sin fines de lucro con fines sociales. El primer plan para liquidar deduas con proveedores, llevado a cabo el año pasado, consumió alrededor de 30.000 millones de euros.

GESTION DE DATOS Con respeto a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, la información a la que tenga acceso el acreedor (por ejemplo el subcontratista), de acuerdo con lo previsto en este artículo, podrá ser utilizada con el objetivo de facilitar el cobro de sus créditos pendientes de pago por parte de estos proveedores.

A estos efectos, los mencionados proveedores podrán comunicar, antes del correspondiente pago, al agente de pagos del Fondo de financiación para el pago a proveedores (el Instituto de Crédito oficial) los embargos que, en su caso, se hubieran acordado, según informó ayer el Ministerio.