La Seguridad Social va a dar una nueva vuelta de tuerca al control que lleva realizando desde hace años sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El Gobierno tiene listo un decreto, que prevé aprobar antes de fin de año, que obligará a las empresas que son clientes de estas entidades a suscribir con ellas un contrato por un mínimo de cuatro años.
El objetivo es eliminar las malas prácticas que se producen por la guerra de precios entre las mutuas. El director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Angel Díaz Peña, entiende que es necesario "estabilizar el sector y erradicar ciertas actuaciones ilícitas provocadas por el afán de captar o retener clientes". Según explicó este alto cargo del Ministerio de Trabajo, hay empresas que presionan a su mutua para que les ofrezcan mejores condiciones. También existen despachos o gestoras que "tienen una mochila de pequeñas empresas que las van migrando de una mutua a otra como en una subasta", comenta.
En otras ocasiones, el Seguro ha detectado que las entidades poseen verdaderas redes comerciales para buscar clientes, una práctica calificada como falta muy grave en el reglamento de colaboración de las mutuas con la Seguridad Social ya que no pueden gastar ingresos de las cotizaciones en pagar actividades de mediación o captación de clientes. "Incluso se ha dado el caso de que una gran empresa obliga a una entidad a levantar un centro asistencial cerca de su sede social y luego, al cabo de un tiempo, se marcha a otra mutua con lo que la inversión se pierde", se lamentó Díaz Peña. La Seguridad Social sabe que obligar a que una empresa permanezca cuatro años en una mutua puede asustar a algunos, por lo que la norma será temporal y abrirá la posibilidad de volver a la situación actual cuando se analice el resultado de la experiencia.
El contrato se podrá romper en cualquier momento cuando el servicio de la mutua sea malo, con la obligación de comunicar el cambio al ministerio. "Las mutuas, ni los clientes, deben ver esta medida como una restricción de la libertad --en Alemania las empresas no se pueden cambiar nunca--, sino como una medida para introducir tranquilidad al sector", dijo Díaz Peña.
