Auditores, notarios y abogados quedarán obligados, a partir de mañana, a comunicar las operaciones sospechosas a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. El próximo viernes entra en vigor el reglamento, aprobado a finales de enero, que desarrolla la ley de prevención del blanqueo del 2003.
Hasta este momento, los sujetos obligados por la ley eran las entidades de crédito, seguros, valores, inversión colectiva, cambio de moneda y filatelia, así como casinos, inmobiliarias, joyeros y anticuarios. La nueva ley añade a los profesionales, el transporte de fondos y las loterías y juegos de azar.
POR REPUTACION Las entidades financieras deberán identificar a los clientes y conocer su actividad profesional para clasificarlos según el riesgo "reputacional". Con la nueva ley se deberá informar de todos los movimientos por frontera (no sólo de salida) superiores a 6.000 euros (una orden ministerial que se aprobará en verano podría elevar este tope hasta un máximo de 10.000 euros) y de todos los movimientos interiores que sean superiores a 80.500 euros. Además habrá que identificar a los clientes que realicen movimientos a partir de 3.000 euros.
La nueva ley de prevención de blanqueo también hará mucho más difícil la relación entre las entidades financieras con los paraísos fiscales, ya que deberán informar de todas las operaciones que realicen con paraísos fiscales por importe superior a 30.000 euros.
Según datos del Tesoro, en los últimos cuatro años se han realizado un total de 119 inspecciones a sujetos obligados, que han dado pie a 17 sanciones --casi todas, por "inadecuación de procedimientos"-- por siete millones. La colaboración por parte de las entidades financieras aumentó y en el 2004 comunicaron un total de 2.296 operaciones sospechosas, frente a las 1.521 realizadas en el 2003.
