Con la gran promesa de frenar la especulación urbanística, el encarecimiento de la vivienda y la edificación descontrolada, hoy entra en vigor la nueva ley del suelo. Una de sus características principales es que apuesta por fomentar la vivienda protegida, ya que, entre otras cosas, fija una reserva mínima del 30% del nuevo suelo residencial para tales efectos, así como la limitación del precio al que se pueden vender o subastar los terrenos públicos.

Los elevados valores de la vivienda y la corrupción urbanística marcaron el trámite parlamentario de la normativa, que finalmente fue aprobada por todos los grupos políticos, salvo por el Partido Popular. Esta normativa vendrá a sustituir la ley del Régimen del Suelo de 1998.

FRENO A LA ESPECULACION Los objetivos fundamentales de la norma pretenden garantizar suelo para vivienda protegida, hacer más sostenible el desarrollo territorial y urbano, fomentar la eficiencia de los mercados y combatir la especulación.

Entre las medidas para frenar la especulación e incrementar la transparencia, la nueva ley incluye la obligación de publicar el nombre de todos los propietarios que hayan tenido una finca en los cinco años anteriores a su recalificación, o la exigencia de que los concejales y directivos municipales declaren sus bienes públicamente.

Asimismo, y para desincentivar la especulación, la normativa establece un nuevo régimen de valoración de suelo, por el que el precio de un terreno se ajustará a su situación real y no a la que pueda llegar a ser.

De igual modo, se establece que el desarrollo de las ciudades deberá estar más controlado, de tal manera que se deberán revisar los planes urbanísticos cuando una actuación conlleve un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado.

Sin embargo, las voces que alertan sobre las dificultades de la reforma legal comienzan a asomar. Así por lo menos lo consigna una encuesta del Instituto de Práctica Empresarial, según la cual el 80% de los profesionales inmobiliarios creen que la norma no propiciará una disminución en el precio del suelo ni menos de la vivienda.

El sondeo revela que el 67% de los profesionales del sector están en contra del nuevo régimen, ya que permitiría a las administraciones públicas expropiar terrenos a un precio inferior al del mercado, que seguiría guiándose por la expectativa.