Nueva reunión sin acuerdo ayer entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para consensuar una prolongación de los incentivos públicos a los ERTE. Las posiciones están cercanas, según manifiestan las partes sentadas en la mesa de diálogo social, pero el acuerdo se está resistiendo. El Consejo de Ministros, ante esa falta de consenso definitivo, no evaluará hoy documento alguno al respecto. 2,2 millones de trabajadores, según los últimos datos del Gobierno, continúan afectados por un expediente y a la espera de cómo se acabará cerrando dicho acuerdo. Los detalles de las exoneraciones de cotizaciones a las empresas y si estas premiarán o penalizarán en mayor medida la reincorporación total de trabajadores son algunos de los temas pendientes.

El debate gira más en torno al cómo que no hasta cuándo. Hay cierto consenso entre las partes en que los incentivos deben alargarse y la fecha del mes de septiembre es la que se ha acabado imponiendo. Este es el horizonte con el que Trabajo ha encarado las negociaciones, pese a que los agentes sociales se manifestaron en anteriores reuniones a favor de cerrar un acuerdo hasta diciembre, especialmente desde la bancada patronal. Finalmente esa fecha ha ido perdiendo vigor y desde el Ejecutivo han abierto la puerta a revisar más adelante las condiciones para una posible cuarta prórroga en otoño.

El quid de la cuestión está en el cómo. La propuesta que puso encima de la mesa Trabajo la semana pasada abría las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a los expedientes por causas objetivas. Algo que hasta ahora no estaba contemplado, ya que el estado de alarma cubría como fuerza mayor la mayoría de supuestos.

Con la normativa de excepción ya retirada, Trabajo intenta consensuar cómo será la transición de los expedientes de fuerza mayor a los objetivos.

El diseño del sistema de incentivos está siendo el hueso de las negociaciones. La propuesta inicial del ministerio, según uno de los borradores a los que tuvo acceso este diario, exoneraba en mayor medida a las empresas por el tiempo que los trabajadores se reincorporaran y en menor medida por los plazos en los que estuvieran en suspensión. Un planteamiento que los sindicatos pretenden invertir, pues consideran que incentivar las exoneraciones de trabajadores que ya están en activo puede promover la dilatación de los expedientes.

más exoneraciones / La patronal, por su parte, aboga por un mayor nivel de exoneraciones y una mayor autonomía para la parte empresarial a la hora de decidir afectar o desafectar a un trabajador.

La penúltima propuesta del Ministerio de Trabajo a este respecto contemplaba concatenar los ertes de fuerza mayor con los de causas objetivas. Queda pendiente también la incógnita de qué pasará con la prestación de los trabajadores afectados, pues si el erte se alarga más de seis meses, el derecho de cobro pasa, en circunstancias ordinarias, del 70% al 50%. En relación a las cláusulas de garantía del empleo vigentes, fuentes presentes en la negociación coinciden en señalar que estas no van a ser modificadas.