La ayuda de los 420 euros para los parados de rentas bajas que hayan agotado sus prestaciones fue presentada por el Gobierno y los sindicatos como la medida estrella de protección social para paliar los efectos de la crisis. Por eso sorprendió tanto el lento ritmo con que los potenciales beneficiarios la empezaron a solicitar. Algunos analistas y empresarios, e incluso miembros del Ejecutivo y los sindicatos, se apresuraron a achacarlo a la economía sumergida. Pero los hechos han demostrado que no era así.

De entrada, hay que resaltar que no fue tan lento como parecía. La previsión inicial del Gobierno era beneficiar a unos 338.000 parados en ocho meses (el programa dura seis meses, pero hay dos para apuntarse), con lo que deberían pedirse 42.250 al mes. Desde la tercera semana de agosto, cuando se empezaron a presentar las solicitudes, hasta el final de octubre se inscribieron 104.525 (34.841 al mes).

Y el ritmo ha ido creciendo rápidamente. En agosto y septiembre se apuntaron 52.252, mientras que solo en octubre fueron 52.273. Noviembre ha visto dispararse las cifras, con 154.903 nuevos inscritos, hasta alcanzar los 259.428. En adelante, se apuntarán más porque entra en vigor la ampliación con efecto desde el 1 de enero del 2009. "El ritmo no era un indicador para sacar ninguna conclusión" sobre el impacto de la economía sumergida, afirma Maravillas Rojo. La secretaria general de Empleo destaca que el programa "no es solo una paga", sino que obliga a suscribir un itinerario autonómico de inserción laboral para mejorar las posibilidades de encontrar empleo. Este es uno de los motivos del retraso. "Hay un amplio abanico entre las autonomías que solo les piden que firmen y las que estudian a fondo qué necesitan: un tutor, sesiones de formación, talleres específicos...", apunta.

Es decir, que algunas tardaron más que otras. "Es determinante la distinta capacidad de los servicios públicos de empleo autonómicos para ofrecer los itinerarios", apunta Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Las cifras del Gobierno, añade, son "estimaciones" y no tienen en cuenta factores que impiden solicitar la ayuda.