El grupo Núñez y Navarro dejó de pagar a Hacienda 6,61 millones de euros (1.099 millones de pesetas) entre 1993 y el 2001 como consecuencia de los errores cometidos en las inspecciones fiscales a las que fue sometido durante esos años. Esta es la conclusión principal del informe elaborado por peritos de la Administración tributaria a instancia de la titular del Juzgado numero 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, que instruye el caso Hacienda , en el que se incluye una pieza que afecta al grupo mobiliario.
El informe señala al inspector Manuel Abella y a su jefe en la unidad regional de inspección del sector inmobiliario, Roger Bergua, como los responsables de las actuaciones que permitieron que el grupo encabezado por el expresidente del FC Barcelona dejara de pagar a Hacienda más de 1.000 millones de pesetas en el periodo señalado. Se subraya, en el caso de Abella, que "no desplegó la actividad inspectora adecuada".
Tanto los dos inspectores como Josep Lluís Núñez, su hijo, y el administrador del grupo, Salvador Sánchez Guiu, están imputados en la causa, junto al exjefe de la Inspección Josep Maria Huguet, el exinspector fiscal José Lucas y su mujer Mayra Mas. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los inspectores un trato de favor fiscal al grupo Núñez.
El informe elaborado por Hacienda destaca que el grupo inmobiliario barcelonés sabía que algunas operaciones fiscales podían ser ilegales.
