El teléfono rojo económico entre Barack Obama y José Luis Rodríguez Zapatero volvió a sonar ayer en la Moncloa, a pocas horas de que esta tarde se vote en el Congreso la convalidación de la reforma laboral. Tal y como sucedió el pasado 11 de mayo, un día antes de que el jefe del Ejecutivo español presentase en la Cámara baja el drástico plan de recorte del gasto público que le había impuesto la Unión Europea (UE), Obama quiso hablar con el líder socialista. Pero en esta ocasión, la Casa Blanca dejó claro que el objetivo de la llamada fue expresar el apoyo del presidente norteamericano a las iniciativas contra la crisis.
Una matización para evitar nuevas interpretaciones sobre la tutela y la presión internacional a la que se está sometiendo a Zapatero que, justo por ello, contribuye a alentarlas. "Obama expresó su apoyo a las medidas económicas difíciles pero necesarias que el presidente Zapatero ha tomado en las últimas semanas para fortalecer la economía española", explicó Bill Burton, el portavoz de la Casa Blanca.
Según Burton, ambos presidentes hablaron de la importancia de seguir tomando "medidas enérgicas" para promover una "recuperación duradera" y "reforzar la regulación financiera" cara a la reunión del G-20, que se celebrará esta semana en Canadá, y en la que participarán los dos mandatarios.
TEST DE ESTRES El presidente norteamericano agradeció a Zapatero su "excelente cooperación" en la presidencia española de turno de la UE, en particular en los progresos realizados en "la lucha contra el terrorismo y en hacer frente a la amenaza que representa Irán". También le felicitó por la decisión del Banco de España de hacer públicos los tests de estrés (pruebas de solvencia) de las entidades bancarias del país. La Casa Blanca explicó que Obama llamó el mismo día a la cancillera alemana, Angela Merkel, para conversar sobre economía y terrorismo. Incluso tuvo un guiño final de complicidad con Zapatero al desearle suerte a la selección española de fútbol en el Mundial.
Ante semejante precedente, y tras haber trascendido que la propia Merkel le leyó la cartilla a Mariano Rajoy la semana pasada en Bruselas por su voto en contra al plan de ajuste, el Gobierno respira tranquilo ante la votación de hoy del decreto de reforma laboral. La historia del debate del plan de ajuste, que el PSOE salvó por un único voto de diferencia, no se repetirá en esta ocasión, e incluso no se descarta que más grupos se unan a la decisión que tomó ayer la ejecutiva nacional del PNV de abstenerse.
Esta confirmación aseguraría la convalidación de la reforma con la única ayuda extra de los dos diputados de Coalición Canaria o de algún otro del grupo mixto. Una suma matemática de fácil materialización que permitió al PP y a CiU seguir coqueteando con el sentido de su voto. Los populares no quisieron descartar, ni siquiera, que acaben apoyando el decreto.
Esa posibilidad libera todavía más a CiU de la responsabilidad de salvar la votación, como le sucedió con el tijeretazo, y su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, anunció que, pese a ser el grupo más receptivo a negociar, no votará a favor.
CORBACHO, RECEPTIVO El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, indicó que el Gobierno aceptará enmiendas para "enriquecer" la reforma laboral pero sin caer en la "desnaturalización". La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, fue más allá al decir que están "abiertos a cualquier tipo de medida" si mejora el decreto. Sin embargo, Corbacho advirtió de que sería "irresponsable" que los grupos que han pedido la reforma la rechacen.
El Gobierno añadió más motivos para apoyar el decreto al subrayar, en la memoria económica, que prevé 2,37 millones de nuevos contratos fijos hasta el 2011. De estos, 895.723 se firmarán entre julio y diciembre, y 1.474.497 en el 2011.
