Las pymes se temen una auténtica avalancha de sanciones de hasta 15.000 euros como consecuencia de la nueva regulación fiscal de las operaciones entre los socios y las sociedades --las denominadas operaciones vinculadas--. Estas se establecen a través del pago de retribuciones, préstamos o alquileres, que son muy comunes en las pymes. Las operaciones más comunes son los sueldos de los socios o lo que se paga a un hijo u otro familiar.

Las patronales estiman en 1.200 euros por empresa el coste medio de adaptarse no solo a documentar estas transacciones, sino a hacerlo a valor de mercado, como estipula la norma. CiU ha presentado una proposición de ley para reclamar que la obligación documental se cincunscriba a las operaciones por encima de los 100.000 euros.

Aunque la obligación entró en vigor hace un año, la inquietud se produce ahora, al tener que cerrar las cuentas de cara al impuesto de sociedades que se liquidará en julio. Incumplir los requisitos o aplicar un valor que los inspectores consideren alejado del de mercado puede suponer sanciones "totalmente desproporcionadas", según los empresarios. Eso agravaría la situación de un sector que sufre con intensidad la crisis. "A ver cómo justifica mi cliente lo que cobra como sueldo, no por lo alto, sino por lo bajo que es", se queja un asesor. Esta es una de las operaciones vinculadas más habituales. Además, cumplir con lo dispuesto no es una garantía de que no se padecerán sanciones cuando el inspector revise los datos, aunque Hacienda asegure que el espíritu de la norma no es perseguir a las pymes.

Uno de los aspectos más polémicos es que las operaciones vinculadas se tendrán que computar al precio que habrían tenido que fijarse entre dos partes sin ninguna relación. Al final, una norma europea pensada para limitar las argucias contables de las multinacionales con sus filiales se ha convertido en una ley de aplicación general, sin que ninguna otra resolución haga diferencias para las pequeñas y medianas empresas.

Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales, admite que, pese a que no hay motivos para tanta preocupación, el sistema obliga a un trabajo de identificación de operaciones y de "justificación del método de valoración", sin que haya estándares para hacerlo.