La OCDE considera que España tiene que dar un giro a su política fiscal y dotarla de mayor progresividad y una mayor sensibilidad ecológica. Para ello recomienda eliminar varias de las exenciones que operan hoy en día en el sistema tributario español e introducir mayores gravámenes sobre los carburantes para «reflejar mejor las emisiones de CO2 y otros contaminantes», tal como señala el organismo en su informe bianual «Going for Growth 2019», publicado ayer.
La organización internacional considera que la evolución del sistema fiscal y de costes laborales en España ha permitido una evolución de los tributos hacia un modelo más favorable al crecimiento, que califica de «growth-friendly». No obstante, también remarca que el esfuerzo fiscal que exige el sistema recae en exceso en las retnas del trabajo y que todavía existe un «amplio margen» para dotarlo de una mayor progresividad.
Ahí es donde ahonda en la eliminación de exenciones fiscales y reducciones de impuestos que generan «poco valor añadido» y son «regresivas». Y también recomienda integrar en el precio de los combustibles las consecuencias que tiene su uso en términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2, el principal gas responsable del calentamiento climático) y de otros contaminantes.
EL GOBIERNO REACCIONA / La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió al paso de las recomendaciones de la OCDE y sostuvo que su intención es la de subir el precio del diésel para equipararlo progresivamente al de la gasolina, tal como ya plasmó el PSOE en su anterior proyecto (fallido) de Presupuestos Generales del Estado. La ministra declaró que la equiparación entre gasoil y gasolina es una medida «disuasoria» más que «recaudatoria».
También manifestó que las tasas en materia de fiscalidad medioambiental deberían implantarse de forma «unánime» en todos los países de la UE, al ser una cuestión relativa a la «emergencia» del cambio climático.
La entidad también recuerda a España que tiene una asignatura pendiente y que la arrastra desde hace varios informes: La dualidad de su mercado laboral. La OCDE insta a eliminar las elevadas tasas de temporalidad, ya que ello incrementa la precariedad, limita la movilidad laboral y aumenta la pobreza. Y para atacar ese «uso abusivo de la temporalidad» propone dos vías. Por un lado, equiparar las condiciones y costes de la finalización de contrato de los trabajadores fijos y los eventuales, sin especificar el organismo si ello supone abaratar el despido de los primeros o incrementar el de los segundos. Y, por el otro, reducir las contribuciones a la Seguridad Social que realiza el empresario por los trabajadores con bajos salarios que estén con un contrato indefinido.
La OCDE también exige un mayor esfuerzo mediante políticas públicas para combatir sus altas tasas de paro (España tiene la segunda más alta de los 36 países miembros de la organización, sólo superada por Grecia) y especialmente el de larga duración.
