El posible desembarco de la energética rusa Lukoil en Repsol con la compra de hasta el 29,9% de su capital ha pasado de la escena empresarial a la política. El PP ha hecho casus belli de la cuestión como pudo verse ayer en el Congreso cuando el líder de la oposición, Mariano Rajoy, amenazó al presidente del Gobierno con acusarle de "un escándalo mayúsculo" por ir "contra los intereses generales de España" si no frena la operación. En opinión del popular, de salir adelante la compra será "un enorme fraude contra los intereses de cientos de miles de pequeños accionistas de Repsol".

A diferencia de lo afirmado hasta la fecha, José Luis Rodríguez Zapatero no defendió solo la españolidad de la gestión de la petrolera, sino la de "sus accionistas de referencia", aunque insistió en que el Gobierno "apoya a las empresas españolas, pero no interviene en ellas". Hay quien vio en esas palabras un "ablandamiento" de su postura inicial, especialmente por las críticas que le llueven desde el PSOE.

No solo se opone a la compra el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que culpó al PP de dejar al Gobierno "sin margen de maniobra" tras las privatizaciones que llevó a cabo. El exvicepresidente Alfonso Guerra, dudó de Lukoil porque "la Unión Soviética no es homologable a cualquier democracia europea". El viernes se pronunció en contra el expresidente Felipe González.

Mientras, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, destacó que si alguien quiere controlar la compañía tendrá que "pasar por caja y hacer una opa por el 100%". En un encuentro con periodistas, destacó que el hecho de alcanzar el 29,9% del capital, como pretende Lukoil --nombre que no llegó a citar-- permite alcanzar un "trato preferente" como accionista, pero, aun así, este debe amoldarse al interés del conjunto. Fue contundente con respecto a intervenciones estatales: "El capital público no debe entrar en una firma privada".

Antes, Brufau se reunió con la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) y reiteró su compromiso de "defender los intereses y crear valor para los accionistas". Javier Cremades, de AEMEC, insistió en que su organización defenderá "hasta las últimas consecuencias" que Lukoil lance una opa. Eso y la pugna política "casi imposibilitan la operación", dijo.

En este contexto, las negociaciones de Lukoil para financiar su compra se ralentizan. "La principal obsesión es ahora ganar tiempo y alargar la negociación para hallar alternativas", explicaron fuentes financieras. Pero la situación de la constructora --titular del 20% de Repsol--, acuciada por una deuda de 18.000 millones, es apurada. Y también tienen prisa algunos de sus acreedores.