El acuerdo alcanzado entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los sindicatos prevé una serie de garantías para los trabajadores de los astilleros civiles durante 10 años que deberán asumir las empresas adquirientes. Si los proyectos fracasan están previstas recolocaciones, prejubilaciones e incluso contratos en Navantia.