Definitivamente, las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo no incluirán ninguna referencia a la edad legal de jubilación, y será el Gobierno el que decida mantener o no su propuesta de que el retiro se fije en los 67 años en el proyecto de ley que envíe en enero al Parlamento. Las brechas sobre esta cuestión entre el PSOE y los partidos que se oponen a las conclusiones --PP, CiU, PNV y CC-- obligaron ayer, durante la reunión de la ponencia que debe redactar las recomendaciones, a hacer un difícil equilibrio hasta llegar a pactar los desacuerdos.
La diputada socialista Isabel López Chamosa retiró la propuesta del Gobierno de prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años, en aras del acuerdo, sobre todo, ante la negativa unánime de toda la oposición de que figure una edad concreta. Tomás Burgos, del PP, contratacó con una propuesta para que se subrayara que la edad legal de jubilación sea los 65.
Pese a esta redacción poco concreta, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, destacó la gran "identidad" de las futuras conclusiones de la comisión con el documento remitido por el Gobierno el pasado 29 de enero. Gómez señaló, asimismo, que seguirán haciendo el "máximo esfuerzo" para que el planteamiento del Ejecutivo de elevar el retiro a los 67 años sea compatible con las conclusiones del Pacto de Toledo, e indicó que seguirán negociando con los partidos y los agentes sociales en enero.
No obstante, donde sí hay consenso es en acercar la edad real de jubilación, actualmente cercana a los 63 años, a la edad legal de los 65, e incentivar la voluntariedad de los ciudadanos a prolongar su vida laboral más allá de esa edad. Además, se acordó dificultar las prejubilaciones para que no se usen como fórmula de ajuste empresarial.
La Comisión del Pacto de Toledo también alcanzó ayer un acuerdo sobre la ampliación en la base reguladora de la pensión de viudedad para personas mayores de 65 años cuyo principal fuente de ingreso sea el dinero de esa pensión.
