La Comisión del Pacto de Toledo votará y, salvo sorpresa, aprobará mañana sus recomendaciones para la reforma de las pensiones, un documento que cuenta con la oposición de la izquierda y el rechazo a la propuesta gubernamental de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Este documento se debatirá en el Pleno del Congreso, donde deberá aprobarse antes del 28 de enero, fecha tope establecida por el Gobierno para presentar su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. El pasado día 22, la comisión terminó su informe con 19 recomendaciones y escenificó su disconformidad con la medida del Gobierno de congelar las pensiones contributivas para 2011. Además, el documento refleja que los grupos no han llegado a un acuerdo en ampliar la edad legal de jubilación. También pide que se reserven las jubilaciones anticipadas para quienes tengan carreras de cotización largas o actividades de especial penosidad. Asimismo, plantea la posibilidad de un incentivo fiscal para generar pensiones para cónyuges no presentes en el mercado de trabajo, cuando el matrimonio tenga régimen de bienes gananciales. La comisión defiende que se estudie la implantación de modalidades específicas de contratación para personas que trabajando en negocios familiares no hayan generado derechos de pensión adecuados y pide que se adopten medidas en el sistema de pensiones que reconozcan el esfuerzo realizado, principalmente por las mujeres, en el cuidado de los hijos o familiares dependientes. Los parlamentarios defienden igualmente que se aumente el período de cómputo para calcular la pensión. Como sistema para revalorizar las pensiones recomiendan estudiar que se utilice el aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, frente al sistema actual basado en el IPC. En cualquier caso, cree que el Gobierno debería informar al Pacto de Toledo de la decisión que vaya a adoptar. También propone que se informe al ciudadano, al menos una vez al año, del importe de su cotización y de lo que paga por él la empresa, para que conozca la pensión aproximada que percibiría en su jubilación. El texto recoge la solicitud de ampliar la base reguladora de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación y amplía la pensión de orfandad hasta los 25 años. Además, la Comisión insta a fomentar los sistemas complementarios de pensiones en los convenios colectivos y que tengan mejor tratamiento fiscal y recomienda que se incluya a los autónomos, con productos específicos.