El informe de los eurodiputados que recientemente visitaron la Comunidad de Madrid, Almería y la Comunidad Valenciana para investigar quejas urbanísticas advierte de la "codicia" del sector de la construcción en España y de sus abusos sobre los derechos de los ciudadanos.

El conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, que presentaron hoy su informe ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), lamentaron particularmente la situación en la Comunidad Valenciana y se quejaron del trato recibido de sus autoridades. En su visita de finales de febrero y principios de marzo, los eurodiputados encontraron ayuntamientos con "planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino de su avaricia y codicia". También visitaron pueblos cuya extensión crece "fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores".

Abusos generalizados

El texto, que comenzará a ser debatido en la reunión del próximo 11 de abril y que podría ser elevado como propuesta de resolución al pleno del PE, no se ciñe a las autonomías visitadas, sino que da a entender que los abusos urbanísticos son generalizados en el Estado.

"En ningún otro país de la UE los derechos de propiedad de los ciudadanos son objeto de este tipo de abusos o con esta extensión", reza el informe, que describe un panorama desolador de la costa mediterránea española. "Las colinas son invadidas por un cáncer de viviendas idénticas, no porque sean necesarias, sino porque proveen beneficios al urbanizador y al constructor, al arquitecto y al abogado", se lee en el texto.

Entre las víctimas de abusos, españolas y del resto de la UE, están quienes ven sus terrenos expropiados en virtud de las legislaciones urbanísticas sobre el suelo, que según los eurodiputados presentan "anomalías" a escala autonómica y estatal. En paralelo, "muchos miles" de personas han adquirido viviendas de "buena fe" y descubierto después que eran ilegales, por lo que viven ahora "bajo la espada de Damocles", según el informe.

Falta de cooperación en la Comunidad Valenciana

La visita incluyó municipios de Madrid, Almería y de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en todos los casos, objeto de quejas ciudadanas dirigidas al Parlamento Europeo. Es en la Comunidad Valenciana donde la delegación encontró "la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles", según el informe.

En el debate de hoy en la comisión de Peticiones, Cashman denunció los "intentos de atacar la integridad" del presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, y de él mismo, y aseguró, sin citarle, que algún miembro del Parlamento Europeo participó en esa "campaña de difamación".

Además, mientras alabó la "transparencia" con que actuaron las autoridades autonómicas de Madrid y Andalucía, censuró la "falta de cooperación" del conseller valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien, según dijo el laborista, llegó a negar la existencia de los centenares de quejas recibidas en el PE. "Intentaron impedir que diésemos voz a gente que no la tiene", afirmó Cashman.

El eurodiputado del PP Luis Herrero-Tejedor pidió en nombre de su partido "disculpas" a Cashman y a Libicki en el caso de que "alguien les haya maltratado" y expresó su "repulsa más enérgica" a este tipo de prácticas. El socialista valenciano Joan Calabuig denunció por su parte que hoy mismo el portavoz del PP en el Parlamento Valenciano había calificado de "montaje" los trabajos de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

David Hammerstein, del grupo Los Verdes, criticó la "falta de lealtad de la Generalitat Valenciana hacia las instituciones europeas, cuyas recomendaciones ha ignorado olímpicamente". El español Willy Meyer (Izquierda Unida) y la italiana Luciana Sbarbati (Liberal) abogaron por que el Parlamento Europeo exprese por escrito su rechazo a la recepción que tuvo la delegación. "En los ocho años que soy miembro de esta comisión, nunca había sucedido algo así", dijo Sbarbati.