El pleno del Parlamento Europeo (PE) respaldó hoy una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que incluya actividades más sostenibles que ayuden a preservar el medioambiente, así como un reparto de los fondos más equitativo, justo y transparente entre los agricultores en el periodo 2014-2020.
Los eurodiputados aprobaron su posición sobre los cuatro reglamentos de la reforma, que les servirá de base para negociar con los Veintisiete el texto final de la legislación y que la presidencia de turno irlandesa de la UE quiere tener listo en junio.
"Hemos logrado un balance apropiado entre la seguridad alimentaria y una mejor protección medioambiental", dijo tras el voto el socialista italiano Paolo de Castro, presidente de la Comisión de Agricultura del PE.
El comisario europeo del ramo, Dacian Ciolos, destacó que ésta es la primera vez que la política agrícola será pactada con el PE como colegislador, y se mostró confiado en que el texto final sea "más abierto con la diversidad de las áreas rurales".
De cara a una distribución más "justa" de las ayudas, el pleno propuso reducir las diferencias entre las ayudas que reciben los países y que ningún agricultor obtenga menos del 65 % de la media europea.
También abogó por conocer más detalles de la identidad de los beneficiarios de las ayudas, y por excluir de las mismas a terrenos como campos de golf o aeropuertos que no ejerzan una actividad agraria.
Los parlamentarios apoyaron asimismo la propuesta de la Comisión Europea (CE) de limitar las ayudas directas anuales que reciben las grandes explotaciones a 300.000 euros, y abogaron por que ese techo no se aplique a cooperativas.
A fin de atraer a los jóvenes a la agricultura, el PE instó a conceder un pago adicional del 25 % a los menores de 40 años para un máximo de 100 hectáreas.
Los países podrán también decidir si establecen un mecanismo de apoyo a los pequeños agricultores, en el que podrán ser incluidos automáticamente los que reciban menos de 1.500 euros en ayudas directas.
Los pequeños agricultores obtendrán además entre 500 y 1.500 euros (frente a los 1.000 que propuso la CE).
Por lo que respecta a la superficie elegible para las ayudas (que la CE proponía incrementar en casi un 90 %), la Eurocámara aprobó una enmienda de las españolas Esther Herranz (PP) e Iratxe García (PSOE) que concede a los países más libertad para elegir las hectáreas susceptibles de recibir fondos, lo cual beneficia a España dadas las características de su terreno.
En el plano ambiental, el Parlamento apoyó que el 30 % de los pagos directos a los agricultores se destine a quienes realicen estas prácticas ecológicas: la rotación de los cultivos y el mantenimiento de un "área de interés ecológico" de al menos el 7 % de las tierras agrícolas y de los pastos permanentes.
Para dar más flexibilidad a los agricultores, se propuso condicionar la rotación de los cultivos al tamaño de la explotación, de manera que las de menos de 10 hectáreas quedarían exceptuadas, las de entre 10 y 30 hectáreas sólo tendrían que mantener dos cultivos, y únicamente las de más 30 hectáreas estarían obligadas a mantener tres cultivos.
Las plantaciones arbóreas permanentes, como los olivares o los frutales, y los cultivos acuáticos, como el arroz en el delta del Ebro, también quedarían excluidas de la rotación.
Por otra parte, a diferencia de la propuesta de la CE, los arbustos serán considerados como pastos permanentes, lo cual resulta beneficioso para España.
Para flexibilizar también el área que las explotaciones deberán dedicar a "interés ecológico", el PE propuso que, en el primer año de aplicación de las normas, se sitúe el porcentaje en el 3 % (y no en el 7 %, como pretendía la CE) en las plantaciones de más de 10 hectáreas.
Por otro lado, defendió otorgar a las organizaciones de agricultores nuevos mecanismos para luchar contra la volatilidad del mercado y que puedan reforzar su capacidad de negociar los precios de sus productos sin que formen cárteles.
La Eurocámara también propuso prolongar hasta 2020 el régimen de cuotas al azúcar (la CE proponía 2015), extender los derechos de plantación de viñedos hasta 2030 (la Comisión defendía 2016) y conceder ayudas durante al menos tres meses a los productores de leche que reduzcan voluntariamente su producción, al menos, un 5 % (las cuotas lecheras desaparecerán en 2015).
Asimismo, apoyó que los países puedan conceder ayudas a sectores como el del tabaco o la aceituna, que atraviesen dificultades y tengan un papel social, económico o ambiental relevante.
El Partido Popular Europeo y el grupo de los Socialistas y Demócratas manifestaron su satisfacción por el resultado del voto, mientras que los liberales mostraron su decepción por que no se haya permitido más "flexibilidad" a la hora de cumplir las medidas ambientales.
Por su parte, los Verdes consideraron que el Parlamento "ha enterrado" las medidas ecológicas de la PAC, que, en su opinión, han quedado diluidas.
