El presidente de Audi, Rupert Stadler, fue detenido ayer por su implicación en la manipulación de cientos de millones de vehículos diésel del grupo matriz Volkswagen para esquivar los controles medioambientales, el escándalo conocido como dieselgate. El consejo de supervisión de Volkswagen decidió suspender al directivo del cargo y decretó su sustitución por el holandés Bram Schot.
Según confirmó un portavoz de la multinacional automovilística, las autoridades germanas deberán determinar ahora si el máximo responsable de Audi seguirá en prisión provisional durante los próximos días. La detención de Stadler supone el arresto de mayor rango realizado hasta la fecha contra el poderoso fabricante automovilístico alemán.
Su detención se produce tan solo una semana después de que la Fiscalía de Múnich lo señalase a él y a otro alto cargo de la junta directiva de la firma como sospechosos de conocer y participar en esa manipulación deliberada de vehículos. Ambos son acusados de fraude y de falsificación indirecta de certificados.
Estaba en casa
La fiscalía de Múnich explicó en un comunicado de prensa que procedió a la detención del directivo a primera hora de la mañana cuando se encontraba en su casa de Ingolstad (Alemania) con el objetivo de evitar que este «obstruya o entorpezca» la investigación.
La fiscalía alemana incluyó la semana pasada al ya expresidente de la firma de los cuatro aros entre los sospechosos del fraude. Además, registró el apartamento de Stadler y aseguró que está investigando a otros 19 sospechosos, entre los cuales está otro miembro de la junta directiva de Audi.
En el 2017, el responsable de Compliance del consorcio automovilístico Volkswagen en Alemania entre el 2014 y marzo del 2015, Oliver Schmidt, ya declaró por su implicación en el dieselgate y fue condenado a siete años de cárcel y a pagar una multa de 400.000 dólares (339.000 euros). Por su parte, el grupo Volkswagen aceptó la semana pasada el pago de 1.000 millones de euros por parte de la fiscalía pública de Braunschweig en el contexto del caso del software que alteraba las emisiones diésel.
El importe que tendrá que abonar el grupo que preside Herbert Diess contempla el pago de una multa máxima de cinco millones de euros, según lo dispuesto en la legislación del país, así como la devolución de beneficios económicos por parte de la empresa de 995 millones de euros.
A pesar de que la lista de detenciones y la factura por el fraude sigue creciendo, Volkswagen ya ha dado por superado el escándalo duplicando los beneficios.
