El sector del automóvil en España necesita como agua de mayo que el Gobierno muestre de verdad sus cartas para evitar caer en un crisis profunda. Aunque, evidentemente, no puede esperar hasta mayo. No. Hay que empezar a trabajar ya, en los primeros cien días de 2020, espetan desde la patronal de los fabricantes en España.

Es por eso que ayer el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres de sus ministros Industria, Transición Ecológica y Transportepara presentarle la hoja de ruta de la asociación para hacer frente a la transición hacia la descarbonización del sector.

No hemos ido a pedir un plan PIVE sino a hablar de medidas estratégicas. En España debemos definir cuál es el modelo de movilidad que queremos, explicó De los Mozos en una rueda de prensa en la que ha evitado pronunciarse sobre un posible impuesto al diésel al asegurar que el Ejecutivo está trabajando en una fiscalidad adecuada para el sector. Pero añade no hemos ido a pedir medidas sino a dar nuestra visión sobre 2040.

DIÉSEL, SÍ, PERO MENOS

Una visión en la que la el diésel seguirá teniendo presencia en las ventas en 2040 en los camiones pero será residual en el caso de los vehículos (5% frente al 27% actual) para dejar paso a los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables (60%), el gas (15%) y el hidrógeno (20%). Por su parte, en el caso del camión pesado tendrá una presencia del 20%, mientras hidrógeno y gas tendrán más del 35% cada uno.

Dentro de este plan, el futuro ecosistema de la movilidad pasará a 310.000 millones de euros en 2040 (de los 210.000 millones de euros actuales) y creará hasta 1,5 millones de puestos de trabajo nuevos gracias a los nuevos servicios de movilidad compartida o autónoma, la gestión de datos o los nuevos componentes de software, según el documento elaborado por KPMG para la asociación que le han entregado a los miembros del Ejecutivo.

Pero para alcanzar esas cifras, el sector requerirá 54.000 millones de euros de inversión empresarial, de los cuales el 25% procederán de las fábricas con la industria 4.0, el 25% de las infraestructuras eléctricas, el 17% del software, el 18% de las infraestructuras tecnológicas y el 13% de los nuevos componentes.

No hacer nada supondría una pérdida del 2% del PIB (21.165 millones) y una reducción del 8% del empleo de la industria. Necesitamos una política industrial que apoye la inversión y la flexibilidad laboral, reduzca los costes logísticos y los costes energéticos, ha agregado De los Mozos.