La CEOE ha vuelto a poner encima de la mesa del diálogo social su vieja exigencia de que se rebajen los costes del despido en las reuniones preparatorias de la nueva ronda negociadora. Esta propuesta ha irritado a los sindicatos y al Gobierno y amenaza con dificultar el proceso de concertación que comienza mañana porque la reivindicación ni siquiera fue incluida en la declaración firmada el pasado 8 de julio por el presidente del Gobierno y los agentes sociales.

En principio, este documento supone una coincidencia de las partes en el diagnóstico de los 13 problemas que padece el mercado laboral y las prestaciones sociales. Pero todos reconocen que no será fácil encontrar soluciones a estos retos por las importantes diferencias de criterio que existen entre los interlocutores, que distancian incluso a los dos sindicatos.

RETICENCIAS MUTUAS CCOO ve con recelo la afinidad del Gobierno con la otra central, UGT. El Ejecutivo sospecha, por su parte, que CCOO no es muy entusiasta con el proceso ni con los posibles logros del diálogo social y todos, a su vez, son pesimistas con respecto a la actitud de la CEOE. Los cuatro interlocutores se vigilan y hay más reticencias de partida que puntos de encuentro en un diálogo social que durará toda la legislatura.

La principal dificultad será la estrategia que ha diseñado la patronal con el fin de abaratar los costes laborales, coinciden los sindicatos y el Gobierno. El secretario de Acción Sindical de UGT, Antoni Ferrer, y su homólogo en CCOO, Ignacio Fernández Toxo, daban por descontado que en algún momento los empresarios desempolvarían la vieja reivindicación del abaratamiento del despido pero no pensaban que fuera a ser tan pronto, justo al inicio de las conversaciones.

La patronal sabe que los sindicatos rechazarán una nueva rebaja de las indemnizaciones por despido como la pactada en 1997 (33 días por año trabajado) a pesar de que el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que la fórmula se extienda a más colectivos, hoy limitados a los jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración y minusválidos.

El Gobierno y las centrales sospechan que la única explicación a la demanda de la CEOE es elevar el listón de las peticiones con el fin de obtener otra cosa a cambio: por ejemplo, una rebaja de las cotizaciones empresariales al Seguro. La patronal se aferra a que el pacto de Toledo recomienda esta rebaja de cuotas, máxime cuando existen enormes excedentes en la Seguridad Social y son los empresarios los que han aportado el 80% de las mismas. Pero Ferrer recuerda que el mismo pacto de Toledo pone como condición haber culminado el proceso de separación de fuentes de financiación del Seguro, lograr una mejora de las pensiones, atender los problemas de dependencia (personas que no pueden valerse por sí mismas) y las prejubilaciones.

También suscitará un duro debate la regulación de la temporalidad, coinciden UGT y CCOO. Toxo opina que la CEOE volverá a argumentar que la única solución para atajar la alta tasa de precariedad en el empleo es bajar las indemnizaciones por despido. También la CEOE mostrará su beligerancia en la limitación y regulación de la subcontratación, así como de los procesos de externalización en empresas.