La Unión Europea (UE) ha movido esta semana su primera ficha para reforzar uno de los pilares sobre los que se sustenta el complejo entramado que une, de momento, a sus 28 estados miembros. La nueva presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se ha propuesto blindar el compromiso social de la Unión para con sus ciudadanos. Y más concretamente para con sus trabajadores, pues la líder alemana pretende que los estados converjan hacia unos salarios mínimos que representen, en cada uno de los diferentes países, el 60% de sus salarios medios.

La idea no es establecer un baremo único, consciente el nuevo Ejecutivo de las disparidades que pueblan la Unión. Pero no por plural, esta propuesta tiene tintes de ser más aceptada. Un nutrido grupo de patronales de diferentes estados ya rechazó en febrero del año pasado esta idea, tal como se evidenció formalmente en una votación en el Comité Económico y Social Europeo (CESE). Y entre los sindicatos, pese a que cuenta con un apoyo mayoritario, la idea no emana un consenso unánime.

La Comisión Europea ha comenzado hablando de salarios con los agentes económicos y lo ha hecho mediante dos rondas de consultas que han empezado esta semana y se extenderán durante las próximas seis. En estas, los interlocutores podrán trasladar sus propuestas al Ejecutivo europeo y más tarde se transcribirán en un texto más concreto para ahondar en el debate. La segunda fase también se extenderá durante otras seis semanas y acabará traduciéndose en un documento que se enviará a las instituciones europeas.

A partir de ahí el camino se promete tortuoso, ya que algunas voces sindicales, como CCOO, señalan que la propuesta de salario mínimo a nivel europeo debería transformarse en una directiva comunitaria. Un formato que tiene carácter de obligado cumplimiento para los Estados, pero que para llegar hasta él es preciso el consenso unánime de los 28. Algo que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reconoce, como mínimo, difícil.

Debate europeo y nacional

Sordo ve en el debate del salario mínimo en Europa un refuerzo a las posiciones sindicales en España, donde encaran estos días con el nuevo Gobierno la negociación de las revisiones del SMI para los próximos cuatro años. Con el objetivo compartido a nivel europeo de alcanzar ese baremo del 60% del salario medio al final de la legislatura.

Si bien entre las centrales de los países nórdicos, como Dinamarca o Suecia, la idea no entusiasma, Sordo avanza que no será por ahí donde esperan los obstáculos. En dichos países no existe el concepto de salario mínimo interprofesional, ya que la negociación de los sueldos se concibe como algo exclusivo de patronales y sindicatos y el Estado no es visto como un actor que deba intervenir. Algo que se debe enmarcar en un contexto con altas tasas de afiliación, superiores al 50% entre todos los trabajadores. En España, por ejemplo, dicha cifra es de apenas el 13%, según la OCDE.

Frente al empuje sindical, escepticismo de la patronal española. Fuentes consultadas de la CEOE no descartan la propuesta de Von der Leyen, aunque piden en todo momento "diálogo social abierto" y medir paso a paso toda reforma. Esas mismas fuentes recuerdan que "los salarios mínimos son importantes para preservar la competitividad si están alineados con la evolución de la productividad".