Cada año sucede igual. Casi el 80% de las aportaciones anuales a los planes de pensiones se hacen en los últimos meses del ejercicio, con lo que los bancos y aseguradoras suelen bombardear a sus clientes con campañas comerciales en este periodo para captar sus fondos. Incluso el Gobierno se ha sumado este año, anunciando mejoras en las comisiones de estos productos y ampliando la posibilidad de rescatarlos a los 10 años, medidas que en realidad entrarán en vigor dentro de seis meses. Y paralelamente, también es habitual que las entidades privadas publiquen informes sobre la necesidad de ahorrar cara a la jubilación.

Celia Villalobos, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, explicaba así este fenómeno hace un año: «Las empresas privadas de fondos de pensiones aceleran su publicidad, poniendo la duda sobre las pensiones» públicas. Lo cierto es que tienen algunos argumentos para ello; el sistema público está amenazado tanto a corto (déficit y agotamiento del fondo de reserva) como a medio plazo (envejecimiento de la población, que elevará el número de pensionistas de los actuales en torno a 9,5 millones a superar los 15 millones a mediados de este siglo, con lo que uno de cada tres españoles será perceptor de una pensión).

El mensaje va calando en la sociedad. Según una encuesta que el BBVA presentó ayer, el 81% de los españoles está bastante o muy preocupado por el futuro de las pensiones públicas. Un porcentaje similar cree necesario ahorrar para la jubilación, pero solo el 28% lo hace. El 44% alega que no tiene capacidad para ello, el 42% que aún queda mucho tiempo para la jubilación, y solo el 11% que confía en la pensión pública.

La encuesta también apunta que los ciudadanos desearían jubilarse a los 60,4 años, pero creen que lo harán a los 67,1 años (prácticamente la edad que será legal a partir del 2027).