Miles de personas volvieron a exigir ayer en Madrid y en decenas de poblaciones de España «unas pensiones dignas» que garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas. Las protestas ciudadanas para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy un alza de las prestaciones seguirán adelante en los próximos meses hasta conseguir los objetivos. Los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, instan a que el Ejecutivo del PP acepte que las pensiones se revaloricen conforme al IPC y se garantice el poder adquisitivo futuro mediante una cláusula de revisión automática.

«Los jubilados y pensionistas tienen razón, los jóvenes tienen razón: la reforma de las pensiones hay que derogarla», declaró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al final de la manifestación de Madrid.

Los sindicatos calculan que el denominado factor de sostenibilidad rebajará las futuras pensiones en un 30%. Por ello, defienden que hay que «derogar la reforma de las pensiones» en el marco del Pacto de Toledo, para evitar que bajen las prestaciones. Álvarez alertó de que en España se inició hace tiempo una «campaña de desprestigio» del sistema público incidiendo en su «insostenibilidad y en la necesidad de que hay que sustituir parte de su cobertura con planes de pensiones privados».

BLINDAJE «POR LEY» / El dirigente de UGT insistió en no tener duda de que las pensiones se van a revisar por encima del 0,25% «sin atajos, de manera justa», porque la sociedad «lo está exigiendo» y porque las pensiones más bajas «tienen que recuperar poder adquisitivo». En la marcha de Madrid se escucharon proclamas contra el Gobierno y se pudieron ver numerosas pancartas que pedían «blindar las pensiones por ley». Álvarez remarcó que el objetivo fundamental es «derogar la reforma de Rajoy del 2013» y establecer el IPC como índice para la revalorización.

«España es un país donde los beneficios empresariales crecen al 5,6%; los salarios, al 1,4%, y las pensiones, al 0,25%. Por lo tanto, un país que cada año es un poco más desigual que el año anterior y que requiere una rectificación profunda de las políticas», declaró el secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato CCOO, Carlos Bravo. A falta de una aprobación formal de los Presupuestos Generales del Estado del 2018, los sindicatos ven «imprescindible» avanzar en una negociación «que acabe con los gastos de la Seguridad Social que pagamos los cotizantes y que no nos corresponden, las subvenciones a las empresas por contratación y las pensiones no contributivas».

JUBILADOS POBRES / Los pensionistas cargan en España con el peso de una gran paradoja económica: son el pilar de la economía de muchas familias por la estabilidad de sus ingresos y al mismo tiempo asumen el destino de que su renta está condenada a la merma inexorable con el paso del tiempo.

Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), uno de cada tres pensionistas en España ingresa al año menos de 8.200 euros, cifra que delimita el umbral de la pobreza. Son un total de 3,1 millones de personas de edad avanzada. Tienen más años de vida pasados que por vivir y han empezado a movilizarse. «Tenemos tiempo para manifestaciones», aseguran.

La crisis del sistema de pensiones español es el resultado de la política económica aplicada en los últimos años. España es uno de los países en los que se gasta menos en pensiones (8% del PIB), en lo que parece un intento de fomentar los sistemas privados de prestaciones en manos de la banca. Las reformas laborales y el aumento de la precariedad han recortado los ingresos de la Seguridad social, que requiere aportaciones directas de los Presupuestos para mantener el sistema.

El dibujo demográfico de España está lleno de contrastes. Andalucía y Cataluña encabezan la poco honrosa clasificación de mayor número de pensionistas que están por debajo del límite de la pobreza (651.617 y 521.763, respectivamente), aunque en términos relativos son Canarias, Galicia y Murcia las comunidades autónomas en peor situación, ya que el 40% de sus pensionistas están en el saco de los más pobres.