La banca se ha visto forzada por las normas internacionales a controlar más y mejor a sus clientes para detectar el blanqueo de capitales procedentes del terrorismo y otras actividades ilícitas. Desde el 2003, forma parte de esta categoría que mueve billones en todo el mundo el fraude fiscal a gran escala.

Aunque la tercera directiva europea sobre blanqueo, que debía transponerse a las normativas nacionales antes del 15 de diciembre, va con retraso en la mayoría de países, muchas entidades han aumentado los controles sobre los denominados pepes o pep´s --por sus siglas en inglés-- como prevé esta disposición. Se trata de las "personas políticamente expuestas", según las recomendaciones internacionales sobre el lavado de dinero, y que son aquellas que tienen o han tenido cargos políticos, pero también las que están en las listas de terroristas de la CIA y otros organismos.

En los últimos años, empresas especializadas han creado aplicaciones informáticas para la banca que incluyen bases de datos de estas personas, sus parientes y allegados, lo que abarca "desde un primer ministro o exalto cargo hasta el concejal de un ayuntamiento de la Costa del Sol", explica Enric Olcina, socio director de KPMG.

En este contexto, los bancos han invertido el 60% más en medidas contra el blanqueo en los últimos tres años, según un estudio de la consultora. Este resultado supera en casi 20 puntos al del estudio de KPMG del 2004. El informe se basa en entrevistas a directivos de 224 bancos de entre los 1.000 mayores del mundo y achaca el alza a la mejora del seguimiento de las operaciones y de la formación del personal bancario.

La tendencia ha sido ascendente. "Los atentados del 11-S significaron una revolución", afirma Olcina. Las entidades, en un contexto cada vez más globalizado, han hecho grandes esfuerzos por identificar a los pepes. Según el estudio, siete de cada 10 bancos realizan seguimiento de estos clientes, con la dificultad de "la falta de una definición universal sobre ellos". España se sitúa aún en la banda baja, con el 29% que dicen hacer estos seguimientos, frente al 86% del Reino Unido.

Los indicadores

Las entidades se basan en varios indicadores para determinar si un cliente es sospechoso. Uno de ellos es su país de procedencia. Otro es la naturaleza del negocio --los inmobiliarios requieren especial atención--; el tipo de cuenta o de producto bancario que contrata, el valor de la transacción y si se le puede considerar "políticamente expuesto," según KPMG.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrito al Banco de España, recibió el año pasado 609.550 comunicaciones obligatorias mensuales de operaciones, casi el doble que el año anterior. El aumento se debió a que los notarios y otros profesionales entraron en el grupo de personas y entidades obligadas a informar. Los bancos, con casi 300.000, encabezaron la lista. Además, los asuntos iniciados vinculados con movimientos de capitales crecieron el 67%. El mayor crecimiento provino de Aduanas e Impuestos Especiales.