El empresario que eche mano del despido colectivo por causas económicas, para el que está previsto una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12, deberá acreditar que las pérdidas previstas "no tengan un carácter meramente coyuntural". Así figura en un borrador de real decreto que el Gobierno ha entregado a los sindicatos y que es uno de los varios reglamentos que desarrollan la reforma laboral aprobada en junio, y que provocó la huelga general de septiembre.

El reglamento organiza los procedimientos de los expedientes de regulación de empleo, uno de los temas de la reforma más criticados por los sindicatos. En ella se establece que el empresario puede justificar el despido colectivo por causas econó- micas cuando prevea pérdidas.

RAZONAR En caso de que el Gobierno apruebe el texto conocido ayer, el empresario deberá justificar por varias vías la previsión de pérdidas. Además de no valer las que se deban a causas coyunturales, se tendrá que justificar que de las pérdidas previstas alegadas "se deduce la razonabilidad" del despido.

Para justificar el ERE se tendrán que aportar los resultados económicos completos de la empresa de los dos últimos años debidamente auditados, así como las cuentas provisionales. También habrá que informar de los criterios utilizados para hacer la estimación de pérdidas y un informe técnico sobre el "carácter y evolución" de la previsión negativa basado en datos del día anterior, de la evolución del mercado y de la situación de la empresa en el mismo.

SIN RESPUESTA Los portavoces de los sindicatos CCOO y UGT eludieron comentar este borrador hasta que no sea discutido en la mesa de negociación.

Este nuevo documento llega en plena negociación entre Gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones y en periodo de sondeo entre ambas partes sobre la posibilidad de lograr un pacto global que, entre otras cosas, trataría de calmar a los mercados. De esta forma, se reabre una vieja herida, la de la reforma laboral, que marcó el inicio de la confrontación social, ya que las centrales consideran que este texto no acaba con el despido barato previsto en la ley actualmente en vigor.