Las explicaciones de la excúpula de Pescanova en su macrojuicio por estafa, blanqueo de capitales y otros cargos que investiga el colapso de la pesquera van a la deriva. Hasta ahora, los altos directivos de la compañía habían defendido su inocencia ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, asegurando que la pesquera trabajaba junto a hasta 12 sociedades instrumentales que almacenaban sus mercancías. Sin embargo, este argumento se hundió este jueves.
Fue entonces cuando comparecieron ante el juez los hombres de paja de Pescanova, teóricos administradores de las empresas instrumentales que aseguraron que ellos no tenían conocimiento alguno del mercado del pescado y que se limitaban a firmar las supuestas transacciones de mercancías siguiendo las órdenes del equipo directivo de Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova SA.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Pescanova utilizó presuntamente esas sociedades instrumentales para obtener financiación bancaria entre el 2007 y el 2013.
Así, la multinacional gallega falseaba sus facturaciones y simulaba transacciones inexistentes de mercadería para alimentar así una demanda insaciable de liquidez. En resumen, ese supuesto entramado le servía a Pescanova para inflar fraudulentamente su negocio ante las autoridades para generar 2.500 millones de euros en facturas en cinco años y poder obtener así financiación bancaria para «liberar tensión de tesorería».
El macrojuicio celebrado en San Fernando de Henares contra Pescanova debe determinar si fueron las irregularidades de su excúpula lo que llevó a la famosa pesquera gallega a su quiebra, hace siete años.
Su fallida fue de 3.560 millones de euros, lo que la convierte en la más grande de la historia de España, sin contar la de empresas inmobiliarias. Tras su hundimiento, en 2015 la compañía cambió de manos.
