La Fiscalía Anticorrupción reclama penas que implicarían el ingreso en prisión, en el supuesto de condena, para 13 implicados en la trama de corrupción descubierta en 1999 en la Delegación de Hacienda en Cataluña. En el escrito de acusación detalla los supuestos sobornos pagados por un grupo de empresarios, entre ellos el constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez Clemente, y su hijo, a cinco inspectores de la Agencia Tributaria. El objetivo: amañar las inspecciones.
Los fiscales Emili Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez Rey han redactado un escrito de acusación que ocupa 350 páginas. El informe fue entregado ayer en el juzgado de Barcelona que durante ocho años ha instruido el proceso, que ha entrado ya en su recta final. En el punto de mira de la fiscalía se han puesto 14 personas, entre ellos cinco inspectores de la Agencia Tributaria, encabezados por el exjefe regional, Josep Maria Huguet, y una retahíla de empresarios, directivos, abogados y asesores. Y cuatro grupos empresariales: el Grupo Torras, el Grupo Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro.
La fiscalía reclama, en definitiva, para 13 personas --para un inspector se solicitan multas-- penas que oscilan entre los dos años y seis meses y los 19 años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación y omisión de perseguir actividades delictivas.
En el término medio de la tabla están Josep Lluís Núñez Clemente y su hijo, que se enfrentan a ocho años y dos meses de prisión y una multa de 2,5 millones de euros. Para el financiero Javier de la Rosa, implicado en multitud de procesos, se piden ocho años y una multa millonaria.
