Son contadas las ocasiones en que un acontecimiento interno de una empresa provoca una reacción tan unánime y crítica como la jubilación que percibirá el ya exconsejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. "Es una decisión de ética sobre la que saben cuál es la opinión del Gobierno pero, en todo caso, es una decisión de los accionistas", acertó a resumir la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Fue la más moderada. Los algo más de tres millones de euros al año que va cobrar el ejecutivo como pensión (el banco tiene un fondo de 52,49 millones para hacer frente a estos pagos) no han gustado a nadie.

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, juzgó como "muy duro" que haya pensiones así; el de Fomento, José Blanco, defendió que deberían gravarse con una "fiscalidad mayor" (tributará al 43%, el tipo máximo del impuesto de la renta); el de Trabajo, Celestino Corbacho, exigió al banco que no dé consejos sobre congelación de pensiones o abaratamiento del despido,...

TAMBIEN EL PP Incluso el PP cuestionó la pensión, pese a que fue el Gobierno de José María Aznar quien colocó a Francisco González en la presidencia del BBVA. El ejecutivo gallego eligió a Goirigolzarri como número dos y su decisión de seguir al frente hasta los 70 años (tiene 65) ha forzado la salida del vasco. Pese a la relación, el diputado popular Vicente Martínez Pujalte afirmó que le parece "fatal". El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, consideró "especialmente llamativo" que el banco haya reservado 52,4 millones para pagar la pensión en plena crisis.

Por su parte, Gaspar Llamazares (IU) lo tachó de "escándalo" y exigió medidas legales para evitarlo. Para Rosa Díez (UPyD), se trata de una "obscenidad".

La pensión, como destacaron los líderes de UGT y CCOO, ha causado "irritación" y ha servido para cuestionar las propuestas empresariales contra la crisis.