El Banco Popular y los sindicatos tenían previsto firmar este sábado un acuerdo sobre el proceso de reestructuración que afectará a 2.592 personas y que supondrá el cierre de unas 300 oficinas.Tras llegar a un principio de acuerdo con el 60% de los sindicatos, la entidad ha optado por apurar el plazo del expediente de regulación de empleo (ere), que vence en la medianoche del sábado "para que se adhieran la mayoría de los sindicatos", según fuentes del banco.

La entidad explica que el acuerdo canaliza la mayor parte de las salidas de trabajadores "a través de fórmulas de prejubilación y otras vías de carácter voluntario". "Este acuerdo tiene por finalidad mejorar la rentabilidad y eficiencia de la entidad, compromisos ambos adquiridos en el plan de negocio anunciado en la ampliación de capital, así como contribuir a modernizar la estructura del banco", apunta la entidad presidida por Ángel Ron.

"Durante todo el proceso, el Popular ha reiterado su pretensión de llevarlo a cabo de forma acordada con las secciones sindicales, tratando de buscar en todo momento un acuerdo que beneficie a todas las partes", según el banco. A su vez valora "la disposición positiva que la representación sindical ha mostrado en lasnegociaciones", así como "su profesionalidad y su sentido de la responsabilidad en la defensa de los intereses de los empleados".

"RAZONABLE Y GENEROSO"

Durante la última presentación de resultados trimestrales, el consejero delegado del Popular, Pedro Larena, afirmó que el banco ha sido "razonable y generoso". En este sentido fue tajante: "Hemos hecho ya todo el esfuerzo que podemos hacer" y subrayó que el banco ha sido "razonable y generoso" para aplicar el ere "sin hacer daño".

Larena defendió que "el banco está haciendo todo lo posible en beneficio de los empleados que van a dejarlo; ni mucho menos estamos pensando en fastidiar a algún grupo de empleados". También señaló que el Popular "cuida a su gente" y se mostró convencido de que así se reconocería.

El proceso de reestructuración del banco afectará a un total de 2.592 personas y supondrá el cierre de unas 300 oficinas. En un principio, estaba previsto que salieran de la entidad unos 2.900 trabajadores, pero la cifra se redujo en un 10% como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo con los sindicatos.