Nueva andanada del PP a la oferta de compra de Gas Natural sobre Endesa, en unos momentos en los que la operación, lanzada hace ocho meses, está paralizada por los tribunales y en una situación crítica. El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), que es beligerante con la opa desde el comienzo de la misma, cerró ayer un expediente abierto a la gasística en octubre con una multa de 300.000 euros.

Es la décima parte de la sanción anunciada y que se justificó en el hecho de que Gas Natural había traspasado activos y pasivos de distribución de la comunidad a una nueva filial en Barcelona sin solicitar permiso al Gobierno madrileño. El torpedo disparado por Aguirre ha resultado al final simbólico porque la comunidad ha acabado otorgando el permiso y reduciendo sustancialmente la multa.

INFORME DE COMPETENCIA No ha sido la única ofensiva madrileña contra la opa. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de la comunidad, por encargo del Gobierno de Aguirre, emitió en enero un informe en el que rechazaba la opa por considerarla "incompatible" con la libre competencia y "gravemente perjudicial" para los intereses de los consumidores madrileños. Curiosamente, Endesa, presidida por Manuel Pizarro, apenas tiene clientes en Madrid. Sus principales mercados de distribución son Cataluña y Andalucía.

Más efectista que la sanción resulta la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra el decreto con el que el Gobierno dio nuevas facultades a la Comisión Nacional de Energía (CNE). La reforma permitió que el regulador estudiara la opa de E.ON sobre Endesa el 21 de febrero.

El Ejecutivo aprobó el cambio a los pocos días de la presentación de la oferta de la alemana, que supera en un 29% a la de Gas Natural. En la actualidad, la CNE analiza el expediente, que debe acabar con una resolución vinculante que podría hacerse pública "hacia finales de junio", según fuentes de la entidad.

El PP alegaba que el decreto ley, convalidado por el Congreso, contradice la Constitución y la normativa comunitaria, y que se aprobó específicamente para frenar la opa de E.ON.

Mientras, el Gobierno y Gas Natural coincidieron al presentar ayer un recurso de súplica ante la sala tercera del Tribunal Supremo contra el auto que suspendió cautelarmente la autorización del Gobierno a la opa de Gas Natural sobre Endesa.

Según la Abogacía del Estado, la decisión del Gobierno de autorizar la opa no perjudica a la competencia, porque los efectos restrictivos de la operación quedan compensados por las 20 condiciones que estableció el Consejo de Ministros. El abogado del Estado asegura que los posibles efectos en la competencia no serían irreversibles, a diferencia de lo que afirma el auto, y recuerda que no es la primera vez que un Gobierno toma una decisión en contra del criterio del Tribunal de la Competencia.

SIN RIESGO En su recurso de súplica, Gas Natural subraya que no procedía adoptar las medidas cautelares porque la autorización del Gobierno no implicaba un riesgo inminente, ya que la opa estaba paralizada por decisión de un juzgado de lo mercantil de Madrid, a petición de Endesa, que tuvo que aportar una fianza de 1.000 millones.

El curso de la oferta también está paralizado por exigencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta que la contraopa de E.ON supere los trámites administrativos.

Endesa informó ayer que ha retirado las demandas presentadas en Nueva York, donde cotiza, contra la opa de Gas Natural a la espera de que se resuelvan los contenciosos en España.