Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han hecho frente común contra el Plan de Vivienda 2005-2008 y estudian recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Según el senador popular, Juan Manuel Ballesteros, el texto invade las competencias de las autonomías y condiciona su financiación.
Las autonomías de Valencia, Madrid, Castilla-León, Murcia y La Rioja coincidieron en descalificar el Plan de Vivienda porque su responsable, la ministra María Antonia Trujillo, no se ha preocupado de coordinarlo con los planes aprobados en las CCAA y sólo les da siete días para presentar alegaciones.
Ballesteros explicó que estas autonomías decidieron ayer solicitar a los servicios jurídicos del PP un estudio para presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Plan de Vivienda. Lo consideran "intervencionista" y temen que "no dé un euro a las comunidades autónomas que no hagan lo que quiere el ministerio", explicó Ballesteros.
El senador tuvo un momento de duda cuando fue preguntado sobre las materias del plan que, a juicio del PP, son inconstitucionales. Ballesteros sólo pudo señalar una: la que establece extender la calificación de VPO a toda la vida de la vivienda, en vez de los 15 años que las regiones suelen fijar como límite antes de que puedan venderse a precio de mercado.
Hubo comunidades del PP que reconocieron ayer estar en contra de esta medida, porque les impide cobrar impuestos cuando estas viviendas se venden a precio libre o porque han establecido derechos de retracto y tanteo que les otorgan la posibilidad de recuperarlas una vez ha pasado el plazo de protección.
