El PP ha rechazado que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, acuda al Congreso a explicar el informe de los inspectores de la institución que cuestionaba la actuación del supervisor frente a la crisis de la burbuja inmobiliaria, pero sí quiere que el Parlamento estudie y debata las propuestas que en su momento presente para resolver las carencias del pasado.

La comparecencia de Linde había sido reclamada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo presidente, Cayo Lara, ha recordado en la Diputación Permanente del Congreso que los inspectores del Banco de España denunciaron "irregularidades" en la supervisión, que hubo falta de actuación y que "la reacción habitual ante indicios de delito fue mirar para otro lado", y eso para Izquierda Plural es "lo más grave".

Frente a esas denuncias, ha añadido, el Banco de España se limitó a hablar de "vagas acusaciones" y ante esa "contradicción" Izquierda Plural quiere que comparezca el gobernador para que explique lo que tiene que decir al respecto y sus propuestas para el futuro.

Sin embargo, el socialista Valeriano Gómez ha indicado que, antes de citar al gobernador, lo primero sería que la Asociación de Inspectores hiciera público su informe, porque lo contrario es como "tirar la piedra y esconder la mano".

El PSOE no se opone a la comparecencia del gobernador, pero no tanto para hablar del informe de los inspectores como para avanzar su planes de reforma de las labores de supervisión, algunas de cuyas propuestas comparten.

También el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha subrayado que del informe de los inspectores sólo se conocen "retazos" y que ahora no tiene sentido "atacar" al gobernador anterior, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ya se ha explicado y que serán otros quienes deban juzgarle. "Pedir la comparecencia del gobernador actual para que informe de un no informe, me parece pintoresco", ha resumido.

Ahora bien, Pujalte ha querido dejar claro que el PP comparte la necesidad de mejorar los sistemas de inspección en el Banco de España y ya ha anunciado que, cuando la institución apruebe el informe definitivo con sus propuestas, la Comisión de Economía "tendrá toda la legitimidad y el deber de estudiarlo y analizarlo".