El PP, con mayoría absoluta en el Congreso, ha rechazado hoy una iniciativa socialista para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de promover la defensa de los intereses colectivos de los consumidores frente a la práctica de ciertas empresas, más difícil de combatir de forma individual.
Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE, a la que han mostrado su apoyo el resto de grupos de la oposición, la diputada del PP Andrea Fabra ha anunciado el voto en contra de su partido.
Fabra ha justificado su postura en que hace tan solo cuatro días el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, un marco que, según ha dicho, "es el escenario en el que debería abordarse esta cuestión".
"A juicio de mi grupo introducir una modificación cuando se va a iniciar la tramitación parlamentaria de la ley no parece que sea la técnica legislativa más adecuada", ha argumentado.
No obstante, ha brindado "su mejor disposición al diálogo" a los grupos parlamentarios y a las organizaciones de consumidores y usuarios, algunas de las cuáles han asistido al debate.
La proposición de ley ha sido defendida por la portavoz de Consumo del PSOE, Pilar Grande, asegurando que la ley española debe ser "más justa" y legitimar que el Ministerio Fiscal pueda ejercer "acciones colectivas" cuando el interés social lo justifique.
Grande ha explicado que se trata de "conseguir que, no sólo los usuarios afectados, sino también las asociaciones de consumidores y el Ministerio Fiscal puedan reclamar acciones colectivas que afecten a muchos consumidores para resarcirles de las cláusulas abusivas de algunas compañías".
En ese sentido, ha citado las inversiones en participaciones preferentes, "que han expoliado los ahorros de toda una vida" a miles de pequeños ahorradores y que, a su juicio, pone en evidencia los fallos de la jurisprudencia y la necesidad de revisarla.
Rosa Díez (UPyD) ha apoyado la iniciativa porque entiende que con la actual legislación "se está dejando desamparada" a la "gente más sensible, más sencilla y que mas necesita del Estado", al igual que ha hecho el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, que ha calificado la propuesta como "un paso" aunque "resulta insuficiente".
También la ha considerado "mejorable" el diputado del PNV Emilio Olabarria, mientras que María Olaia Fernández Dávila (BNG) ha subrayado la necesidad de modificarla debido a los "distintos fraudes" que en los últimos años se han producido.
Al debate de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE han acudido varios miembros de distintas asociaciones de consumidores.
Por otra parte, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha apoyado a través de una nota la propuesta socialista, recordando que es una petición necesaria para "paliar las carencias" de la regulación actual y facilitar a las asociaciones que actúen de manera eficaz en "la reparación de daños causados".
