El presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, imputado, junto a otros tres altos cargos de la compañía, por un presunto delito de estafa y fraude contra los consumidores, asegura que la conducta de los responsables de la compañía fue en todo momento "absolutamente irreprochable".
Por tanto, Carrillo, que declaró hoy ante el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional por la presunta venta de billetes para volar a sabiendas de que los vuelos no se iban a realizar, causando un grave perjuicio a los consumidores, está "completamente tranquilo", señalaron a EFE fuentes jurídicas.
Además de Carrillo, han declarado la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar Bravo, y el director del departamento de Gestión, Juan Barjau Romero, mientras que la declaración del adjunto a la presidencia de la compañía, Julio Miguel Martínez Sola, se ha pospuesto para el próximo día 27 de abril.
El 15 de diciembre de 2006, el mismo día del cierre de las operaciones de Air Madrid, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) interpuso una denuncia contra la línea aérea por los citados delitos, a la que se sumó más tarde la de Asociación General de Consumidores (ASGECO) y 200 individuales más.
El pasado 3 de abril, la denuncia fue admitida a trámite y el procedimiento se encuentra en fase de recogida de declaraciones a los presuntos imputados.
Carrillo fue el primero en declarar y reconoció que la compañía vendió sus billetes hasta el día 15 de diciembre por la tarde, a pesar de que desde septiembre de 2006 Aviación Civil le había abierto un expediente sancionador con diversos requisitos y advirtiendo sobre las deficiencias a corregir bajo "la amenaza" de suspenderle la licencia de mantenimiento y vuelos.
Carrillo admitió que tenía conocimiento de este requerimiento pero confiaba en que la compañía estaba cumpliendo todos los requisitos, por lo que seguía con su actividad comercial normal, indicaron fuentes jurídicas.
Carrillo aseguró que Air Madrid siempre quiso lo mejor para los consumidores y no pensaba que se iban a suspender las operaciones, la decisión que la compañía tomó el 15 de diciembre por la tarde ante la inminente retirada de las licencia.
Los tres directivos insistieron en sus declaraciones en que, pese al expediente sancionador, siempre se les transmitió una sensación de normalidad y tranquilidad, porque cualquier problema que pudiera haber, se solventaría.
No obstante, de acuerdo con la misma fuente, los tres presuntos imputados incurrieron hoy en varias contradicciones, entre otras, respecto a la gestión interna para avisar a los pasajeros, ya que hubo afirmaciones de que sí se llevó a cabo, y otras contrarias, indicando fechas diferentes.
El fiscal centró sus preguntas, sobre todo, en saber si, en efecto, antes de la suspensión de los vuelos del 15 de diciembre se vendieron billetes a sabiendas de que no se iba a prestar el servicio, además de los perjuicios que se han causado a los miles de consumidores.
El próximo 27 de abril declarará el cuarto imputado y, posteriormente, el juez podrá acordar o no algún tipo de medida cautelar, independientemente de que también se les ha requerido diversa documentación referente a los contratos de alquiler de aviones o la publicidad en el período previo al cierre de la compañía.
Los imputados se podrían enfrentar a la pena de cárcel que se aplica en casos de delito de estafa y fraude contra los consumidores, indicó la fuente.
