Los escándalos financieros en EEUU han provocado la separación de los negocios de auditoría, consultoría y asesoría jurídica en las grandes firmas. El caso Enron fue el primero de un reguero de fraudes en grandes multinacionales americanas y europeas --WorldCom, Ahold y Xerox son sólo algunos de los muchos casos, que han salpicado incluso a IBM-- que se llevaron por delante a Arthur Andersen. Estos escándalos han provocado además cambios en la estructura de las denominadas big four, las cuatro grandes empresas que lideran el mercado: Deloitte & Touche, KPMG Peat Marwick, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers.
Los escándalos en cadena de grandes firmas en EEUU se tradujeron en primera instancia en una total desconfianza hacia los auditores. La complicidad de las firmas con sus clientes --a los que ofrecen también asesoría jurídica y consultoría-- ha llevado a un cambio en la legislación a ambos lados del Atlántico, que en España también se ha adoptado a través de la ley financiera. Se trata de separar jurídicamente la auditoría del resto de servicios para garantizar la independencia de la información sobre la situación financiera y contable de las empresas.
"SEPARACION IMPARABLE"
"La separación entre auditores, consultores y asesores jurídicos es imparable y responde a las exigencias de las propias empresas", afirma Carlos Puig de Travy, socio de Horwarth y miembro de la comisión de auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía. "El problema es que por cada euro que se factura en auditoría, la consultoría proporciona tres. Si el consultor diseña una estructura fiscal y contable y el auditor, de la misma empresa, descubre que puede ser fraudulenta, es difícil denunciar en las salvedades porque crea un conflicto de intereses", dice Rafael Jiménez-Gusi, socio de Baker & McKenzie.
En Wall Street, la comisión de valores y bolsa (SEC) exige a las empresas que cotizan que la empresa auditora sea distinta de la firma que presta servicios de consultoría. Pese a que la ley financiera --que entró en vigor a finales del año pasado-- no llega tan lejos en España y tan sólo establece incompatibilidades, algunas de las grandes empresas que cotizan en el Ibex ya siguen ese mismo camino. Uno de los primeros ejemplos del cambio ha sido el grupo SCH, que es auditado por Deloitte & Touche pero que deja la consultoría y la asesoría jurídica a varias firmas.
SUBEN LAS MEDIANAS
El deseo de las empresas de mostrar auditorías independientes al mercado de valores, junto con las nuevas exigencias legales, están revolucionando el sector en España, con un mayor volumen de negocio para las firmas medianas. Frente a la separación de los servicios que se da en las denominadas big four, "la mayoría de las firmas medianas no los han separado todavía" --asegura, por su parte, Agustín Checa, socio de BDO Audiberia-- "porque en España no hay una gran gama de incompatibilidades".
