La presión fiscal se situó en el 36,49% del producto interior bruto (PIB) en el 2006, 0,87 puntos más que en el 2005 y dos puntos más que en el 2004, cuando arrancó la actual legislatura. De este aumento, más de la mitad corresponde a los impuestos que cobra la Administración central, cuya presión fiscal ha aumentado el doble que la de las autonomías, según los datos que ayer publicó la Intervención General del Estado.

Según el citado informe, los tributos que ingresa la Administración central fueron el 13,16% del PIB en el 2006; esto es, 0,55 puntos más que en el 2005 y 1,15 puntos más que en el 2004. En el 2006, la presión fiscal de las comunidades autónomas representó el 8,09% del PIB, con un alza de 0,24 puntos respecto al año anterior y de 0,65 puntos desde el 2004, la mitad que los incrementos registrados en la Administración central.

MAS RECAUDACION El aumento de la presión fiscal, tanto en el Estado como en las autonomías, se debe a una mayor recaudación de impuestos ligada al crecimiento económico y no a incrementos en los tipos impositivos que, en muchos casos, han bajado. Desde el 2002, año en que arranca la serie difundida ayer por el Ministerio de Hacienda que lidera Pedro Solbes, la presión fiscal ha aumentado de forma ininterrumpida pese a las sucesivas rebajas tributarias que han encadenado los gobiernos de PP y PSOE, si bien la mayor subida se ha concentrado en la actual legislatura.

En el caso del Estado, el mayor peso de los ingresos en relación al PIB en el último año se debe, sobre todo, según la Intervención General, al crecimiento de los beneficios empresariales que han impulsado al alza los recursos del Impuesto de Sociedades.

En las comunidades autónomas, según el informe de la Intervención, el incremento de la presión fiscal se debe, en parte, a los anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva por impuestos cedidos. Además, la revalorización de los inmuebles ha permitido aumentos de recaudación en las autonomías a cuenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

EL DESGLOSE Por niveles de administración, el 36,5% de presión fiscal registrada en el 2006 se desglosa en el 13,16% de la Administración central; el 11,75% de la Seguridad Social; el 8,09% de las comunidades autónomas; el 3,17% de las corporaciones locales y el 0,33% del PIB de recursos pagados a la UE.

Frente a esta distribución de la presión fiscal, el Estado concentra el 22,3% del conjunto del gasto público; las autonomías, el 35,8%; las corporaciones locales, el 13,4% y la Seguridad Social, el 28,5% del total.

El aumento de dos puntos de la presión fiscal es muy superior al registrado a nivel europeo, tanto si se toma como referencia a la eurozona (0,9 puntos) como a la UE-15 (1 punto) o a la UE-25 (0,7 puntos). Pese a ello, y aunque el diferencial se ha estrechado, la presión fiscal española, del 36,49%, sigue siendo inferior en unos cuatro puntos al promedio de la eurozona (40,9%), la UE-15 (40,8) o la UE-25 (40,2).

De todas formas, los datos muestran que la presión fiscal no tiene por qué suponer menos bienestar. Bien al contrario, al frente del ranking de presión fiscal europeo está un país muy desarrollado como Suecia, donde los impuestos y cotizaciones sociales absorben la mitad del PIB, seguido de Dinamarca, Bélgica, Francia y Finlandia. Por contra, los tres países con menos presión fiscal, por debajo del 30%, son Eslovaquia, Lituania y Letonia, estados excomunistas de un nivel de bienestar muy inferior al promedio europeo.