Andorra se ha visto arrollada en las últimas semanas por una marea internacional para que flexibilice el secreto bancario y rebaje su condición de paraíso fiscal. Aunque alejado del peso de plazas financieras internacionales como Suiza o Luxemburgo, por mencionar un socio de la Unión Europea (UE), el coprincipado pirenaico no tiene más remedio que reformar su modelo económico. Y eso es así después de que uno de sus copríncipes, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, le haya empujado a relajar el secreto bancario para acudir a la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) con los deberes hechos.

Tanto el Partido Liberal (PLA), que gobierna en la actualidad y que aspira a revalidar al frente de la Coalición Reformista (CR), como el Partido Socialdemócrata (PSA), que persigue relevarlo en las elecciones del 26 de abril al frente de La Alternativa, tienen claro que Andorra debe cambiar. El Ejecutivo que salga de las urnas tendrá que acometer el proceso buscando unidad política y en un momento en el que empiezan a haber residentes y andorranos sin empleo, algo que, hasta hoy, era inhabitual porque los desempleados, si los había, regresaban a sus países de origen. Por ello, algunas fuerzas, como el PSA, defienden implantar un subsidio de paro, inexistente hasta hoy.

¿Y cuáles son las condiciones indispensables para el nuevo modelo? Todos coinciden en el diagnóstico: una mayor transparencia bancaria --ya acordada--, y un sistema fiscal homologable --hoy sustentado en una tributación indirecta laxa--.

El debate está abierto en este microestado que ocupa una superficie equivalente a dos tercios de la isla de Menorca y que tiene unos 84.000 habitantes, de los que solo un tercio son autóctonos y con derecho a voto. Estaban acostumbrados a una prosperidad derivada de la de sus dos grandes vecinos y copríncipes, España y Francia, que hoy por hoy, les han contagiado la crisis.

En la actualidad, ni la construcción ni el comercio ni el turismo tiran. La inflación anual se situó en febrero por primera vez en terreno negativo: el --0,09%. Muchos establecimientos anuncian rebajas por "cambio de orientación del negocio".

Los socialdemócratas apuestan por rebajar la fiscalidad indirecta para que el comercio y el turismo ganen competitividad (que vuelva a salir rentable comprar en Andorra) y por la introducción de la tributación de las personas físicas. Pero sería con un gravamen del 10% para los ingresos que excedan de 35.000 euros netos anuales, lo que "hará que solo paguen el 16% de los asalariados".

Es, en todo caso, algo inédito para un país que atraía a residentes ilustres. Esto se compatibilizaría con un impuesto sobre sociedades y profesionales del 10%, por debajo del 25%-30% de España y del 33% de Francia, pero "homologable".

Los liberales piensan que lo mejor es la fiscalidad indirecta, fusionando la actual amalgama de gravámenes que van del 1% al 12% en una figura similar al IVA. "Es lógico que sea así en un país con 80.000 habitantes y más de 11 millones de visitantes anuales", afirma Joan Gabriel, síndico general (presidente del Parlamento) y candidato del PLA.

También defienden un gravamen del 10% sobre los beneficios, pero no la fiscalidad sobre las personas, ya cubierta suficientemente con los tipos del 5%, 7% y 9% a los que cotizan los empleados, y el 13% que pagan los empresarios a la Caja Andorrana de la Seguridad Social.

PARAISO ECONOMICO El jefe de Gobierno saliente --no se vuelve a presentar--, Albert Pintat, defiende que Andorra "tiene que ser un auténtico paraíso económico", pero, para ello, tiene que jugar sus cartas de forma inteligente bajo unas reglas de juego nuevas y "quedar en igualdad de condiciones que, por ejemplo, Irlanda". En su opinión, si no dejan al país "vivir con unas relaciones especiales, nos tendrán que dejar ser un estado miembro de la UE".