Los presupuestos del Estado para el 2011 han sido presentados por el Gobierno como "los más sociales de la historia reciente". El total de las políticas sociales (desde pensiones hasta sanidad, pasando por desempleo o educación) absorben el 58% del gasto presupuestado para el 2011. Se trata de un porcentaje sin precedentes que se explica no tanto por el aumento del propio gasto social (que solo es del 1,3%) sino porque todo lo demás baja el 22%. Lo cierto, además, es que si del bloque social se excluyen el gasto en pensiones (que sube el 3,6%, a pesar de haber congelado las prestaciones contributivas) y los gastos de gestión y administración de la Seguridad Social (que avanzan el 22%), el resto de las políticas sociales sufre un tijeretazo de 3.043,8 millones.

Una parte se debe al recorte en sueldos de funcionarios y gastos corrientes. Pero si se toman en cuenta solo las subvenciones a las familias (directas o a través de autonomías, ayuntamientos y oenegés) y, además, se añade la desaparición del cheque bebé (1.200 millones), se llega al cálculo de un recorte de unos 2.000 millones en prestaciones sociales a familias y colectivos desfavorecidos (inmigrantes, juventud, mujeres, tercera edad y menores). Con los recortes practicados, algunas partidas, como las destinadas a la tercera edad, han vuelto a niveles del 2009. Pero otras se retrotraen, incluso, a principios de la década y más atrás, como las relativas al plan nacional sobre drogas, las personas discapacitadas o la atención a la infancia y las familias. El programa de integración de inmigrantes será en el 2011 la mitad del 2008, cuando se puso en marcha con 311,94 millones.

JUVENTUD Otros vuelven al nivel del 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno. Es el caso de los programas de apoyo a la juventud. A cambio, la parrilla de servicios sociales del Estado ha incorporado programas en los últimos años, como la atención a la dependencia o las actuaciones de prevención de la violencia machista, que, aun así, tampoco se libran de algún recorte.

Por todo esto, frente al apelativo de "los más sociales de la democracia" que el Gobierno atribuye a los presupuestos del 2011, sindicatos y oposición hablan del "mayor recorte social" en ese mismo periodo. España ya es de los países de la OCDE y de la Unión Europea con menor nivel de gasto social para familias, minusválidos y colectivos con riesgo de exclusión social. El Parlamento Europeo se pronunciará esta semana sobre la extensión del permiso de maternidad mínimo de 14 a 20 semanas, con una remuneración equivalente al 100% del último sueldo.