CCOO y UGT darán otra vuelta de tuerca a la presión social que pretenden ejercer sobre el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Los dos sindicatos han convocado este domingo la primera gran manifestación de la nueva legislatura tras constatar que el diálogo social que ofrece Rajoy es algo poco más que estético al excluir las grandes reivindicaciones sindicales como la derogación o modificación de la reforma laboral.
La manifestación de Madrid supone un nuevo escalón en la estrategia sindical y de otras entidades sociales de mantener una presión sostenida para recuperar derechos sociales. "Estamos en el inicio de un proceso de movilizaciones que servirán para sentar las bases de futuro", indicó el secretario general de la UGT, Josep Maria Álvarez, unas horas antes de la cita del 18-D.
Las centrales sindicales esperan concentrar en la manifestación de Madrid a delegaciones que llegarán de todas las comunidades autónomas, a los ciudadanos de la capital que hayan podido movilizar y a los militantes de partidos de la oposición que han mostrado su apoyo a las movilizaciones convocadas con el lema 'Recuperar derechos'. Para calentar motores, los sindicatos convocaron concentraciones en las principales ciudades españolas el jueves y el viernes, como la protesta que se llevó a cabo en Barcelona.
PRINCIPALES RECLAMACIONES
"Hay alternativas a la situacion que vive nuestro país", destacó Ignacio Fernández Toxo, el líder de CCOO, en una asamblea celebrada hace unos días para preparar el inicio del calendario de movilizaciones. Esa alternativa pasa, según los sindicatos, por mejorar la calidad del empleo que se crea, lo que no es posible sin derogar los aspectos de la reforma laboral del 2012 que consideran más lesivos para los trabajadores.
Asimismo, CCOO y UGT reclaman una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 800 euros en el 2017, en lugar de los 707 euros en los que lo dejará el Gobierno al aplicaruna subida del 8% pactada con el PSOE. "El rostro de la pobreza laboral en España es el de una mujer pasto de la contratación precaria forzada a tiempo parcial, y obligada a suscribir varios contratos parciales para tener un salario completo", destacó Toxo.
UGT ha exigido este sábado al Gobierno una solución para repatriar a los miles de trabajadores que han tenido que emigrar en busca de trabajo durante la crisis. Para ello reclama al Gobierno que diseñe, junto con los interlocutores sociales, una política que facilite el retorno de quienes han emigrado al exterior y quieran volver a España y que integre medidas "específicas" adaptadas para perfiles personales y laborales y facilite la reincorporación al mercado de trabajo.
España es el país de la Unión Europea que más población ha perdido en términos absolutos desde 2012 y ha apuntado que la pérdida se debe al paro, la pobreza y la emigración forzada, sobre todo en el caso de la población española nacional de terceros países. De los 94.645 ciudadanos españoles que emigraron en el 2015, un 22,7% eran menores de 19 años, un 34% tenían entre 20 y 34 años y el 43,3% eran mayores de 34 años.
SIGUIENTES MOVILIZACIONES
Otra pata de la plataforma reivindicativa de los sindicatos se centra en las prestaciones sociales y, especialmente, en las pensiones, que han empezado a perder poder adquisitivo debido a que la inflación supera la subida mínima del 0,25% anunciada por el Ejecutivo que es fruto de "la única reforma no consensuada" en materia de Seguridad Social, según recordó Toxo.
Precisamente, el siguiente hito en el calendario de movilizaciones sociales tendrá lugar el martes día 20 con manifestaciones en varias ciudades españolas, entre ellas Barcelona, convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Estas mareas de pensionistas, que constituyeron una coordinadora el pasado septiembre, tienen previstas manifestaciones o concentraciones en unas 15 ciudades con el lema 'Salvemos las pensiones'.
Un día después, el 21 de diciembre, las entidades sociales, de consumidores, sindicatos y partidos agrupados en la plataforma #NoMásCortesdeLuz reclamarán en las calles de varias ciudades, también en Barcelona, una política social contra la pobreza energética que evite la interrupción del suministro de electricidad o de gas a personas con escasos recursos económicos.
