Los promotores inmobiliarios no se resignan a que el Gobierno se limite a "mirar" cómo el mercado inmobiliario se ajusta por sí mismo. Ayer replicaron a la intervención del día anterior del vicepresidente económico, Pedro Solbes, y le pidieron que negocie con el sector medidas reales aunque supongan algo de intervencionismo del Estado.
El presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, aseguró ayer en Radio Nacional que no se esperaba las declaraciones de Solbes relativas a que el sector debe corregir los excesos acumulados por sí mismo para que vuelva a crecer con normalidad. "Si la solución es que la construcción se arregle sola Solbes debería mirar las suspensiones de pagos que caen como los higos en septiembre", dijo. También advirtió de que "intenta combatir una pulmonía con caramelos para la tos".
Si bien los promotores reconocen su parte de culpa por el exceso de producción de viviendas y admiten "pagar las consecuencias" con el ajuste de precios, Chicote recordó que nadie del Gobierno "lloró" por la extraordinaria recaudación fiscal proveniente de la venta de pisos.
Con muestras de estar molesto con Solbes, el presidente de APCE dijo que los problemas del sector son "acuciantes" y consideró "frívolo" que intente resolverlos con "una comparecencia y un discursito". Según él, Solbes debería mejorar la confianza del consumidor en la economía y ofrecer ayudas al comprador para que pueda mantener el tipo de interés del préstamo hipotecario durante cinco años.
INCENTIVOS FISCALES El presidente de la asociación de promotores madrileños (Asprima), José Manuel Galindo, también pidió al Gobierno medidas reales, aunque supongan cierto intervencionismo, como las ayudas fiscales coyunturales. A su juicio, los incentivos fiscales tienen un efecto inmediato.
Desde UGT y CCOO también se pidió al Gobierno medidas concretas, no tanto para las empresas "que se han estado enriqueciendo", sino para favorecer la vivienda protegida y la rehabilitación de edificios. Ambos sindicatos volvieron a proponer la jubilación de los trabajadores de la construcción a los 60 años y la supresión de horas extras, que generarían 258.000 puestos.
