La reforma laboral del 2012, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), aplicó varias vueltas de tuerca a la legislación previa del 2010 que había impulsado el socialista Rodríguez Zapatero. Los cambios del 2012 buscaban favorecer un abaratamiento de los costes laborales que permitiera a las empresas afrontar el empellón de la crisis económica evitando un mayor número de despidos o abaratando estos, en su caso.
Los mecanismos que permitieron ese abaratamiento (como la capacidad del empresario de modificar las condiciones del contrato de forma unilateral) han seguido aplicándose en la fase de crecimiento económico, lo cual ha contribuido a retrasar hasta el 2019 la recuperación del poder adquisitivo que posibilitaba el salario medio del 2007.
Muchos de los cambios que ahora plantea el acuerdo para el nuevo Gobierno buscan limitar la aplicación de aquellos mecanismos a empresas con dificultades graves y no a las que buscan ganar competitividad exclusivamente a través de unos menores costes salariales. El PP y la patronal CEOE advierten del riesgo de frenar el empleo o destruirlo si las empresas pierden competitividad.
