El colectivo notarial está siendo duramente golpeado por la crisis económica. Los casi 3.000 notarios que ejercemos en España vivimos una situación complicada en nuestras oficinas, con una caída de la actividad del 46% de media en todo el país, con zonas que llegan al 70% si se comparan el primer trimestre del 2007 con el primero de 2010. La causa de esta situación es la drástica desaceleración de la actividad de los sectores financiero e inmobiliario.

Aún así, los notarios, que siendo funcionarios públicos ejercemos como profesionales sometidos a los vaivenes del mercado, estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener los puestos de trabajo de nuestras oficinas, en las que desempeñan una importante labor cerca de 20.000 personas, a la espera de que la situación mejore.

El arancel, establecido por el Gobierno, es el medio por el que se financia el sistema de seguridad jurídica preventiva. Es importante resaltar esto ya que todos los gastos de funcionamiento y de modernización de las oficinas notariales, lo que percibimos notarios y empleados, las inversiones en nuevas tecnologías, todo, se costea exclusivamente con los aranceles que los notarios cobramos por nuestros servicios a los ciudadanos que los demandan. Estos costes, por consiguiente, no revierten en los presupuestos generales del Estado ni incrementan el déficit público.

Por el contrario, el arancel garantiza el acceso de todos los ciudadanos a los servicios notariales, con independencia de donde vivan (hay notarías en pueblos pequeños), y de sus ingresos (hacer testamento cuesta menos de 40 euros), ya que cualquier notario cobra la misma cantidad a cualquier persona en cualquier punto de España por un idéntico servicio. Esto asegura la protección jurídica a la que tienen derecho los españoles, porque la función notarial es --conviene recordarlo--, un servicio público.

El notariado español es, además, uno de los colectivos profesionales más activos en el proceso de implantación de la Administración electrónica. La apertura hacia las nuevas tecnologías es una constante de nuestra actividad. Esto nos ha supuesto una inversión en los últimos nueve años de 50 millones de euros. Nuestro desarrollo revierte, sin duda, en la agilización de los trámites y en la reducción de costes para los ciudadanos, pero, fundamentalmente, en la colaboración que todos los notarios prestamos en aspectos tan necesarios como la prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su último informe, destacaba que el notariado español es uno de los más avanzados de los países europeos que funcionan bajo un sistema notarial en materia de prevención de estas lacras sociales.

El arancel notarial está concebido como un todo global, los ingresos que generan un tipo de documentos compensan el trabajo que suponen otros que están bonificados socialmente. En consecuencia, hay que ser cuidadosos con ellos, porque la reducción de su importe en determinados documentos podría descompensar este equilibrio.

El Gobierno siempre encontrará en el notariado su colaboración y cooperación solidaria y decidida para aportar soluciones en la recuperación económica de nuestro país y su modernización. Pero estas soluciones deben asegurar --más si cabe en tiempos de crisis-- la estabilidad económica del sistema de seguridad jurídica preventiva en beneficio de los ciudadanos.

*Presidente del Consejo Generaldel Notario.