Las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que cargar ayer contra varios grupos de mineros que cortaron con barricadas las principales vías de comunicación de la provincia de Asturias, en la primera jornada de la huelga de 48 horas convocada por el sector del carbón. Los sindicatos extendieron ayer el paro a otros cinco días más de este mes (8, 9, 15, 16 y 17), mientras 10 representantes de los mineros permanecían encerrados en la sede del Ministerio de Industria para protestar por el bloqueo de las negociaciones del Plan del Carbón 2006-2012.
ACCION DE LOS ANTIDISTURBIOS Los enfrentamientos más virulentos tuvieron lugar en la autovía A-66, que fue bloqueada sobre las nueve de la mañana con barricadas de neumáticos y troncos ardiendo. El corte se prolongó durante unas tres horas, hasta que los antidisturbios pudieron retirar los obstáculos. Según fuentes sindicales, la policía cargó con pelotas de goma y botes de humo, aunque en principio no se registró ningún herido entre los manifestantes.
También se produjeron cortes de carretera en la A-8 (que une Gijón y Avilés) y en el suroeste de Asturias. En la cuenca del Nalón, una barricada de troncos interrumpió en Langreo el tráfico ferroviario. La provincia de León quedó incomunicada por carretera con Asturias y Galicia por la protesta de mineros, que provocaron largas colas de camiones en algunos puntos.
En Cataluña no hubo incidentes, pero la huelga contó con el respaldo de los 100 trabajadores de la mina del Pedraforca (Barcelona). También pararon las minas de Mequinenza, ubicadas en la zona limítrofe con Aragón.
El secretario general de Energía, Antonio Fernández, pidió a los sindicatos que "recapaciten" y "se den cuenta" de que la oferta del Gobierno es "rigurosa" y supone un "esfuerzo" presupuestario para reactivar las comarcas mineras. Las negociaciones quedaron rotas el pasado miércoles por falta de acuerdo en dos puntos fundamentales. Los sindicatos piden prejubilaciones generalizadas a los 52 años equivalentes (es decir, la edad física corregida mediante un coeficiente que depende de la nocividad del puesto de trabajo), mientras que el Gobierno acepta esta demanda solamente para los años 2006 y el 2007.
El otro punto de discordia es la pretensión de los sindicatos de que se penalice a las empresas que no destinen las ayudas a los objetivos marcados.
